La bancada de Morena en San Lázaro anunció que realizará una “revisión minuciosa” de los ultramillonarios recursos que todos los años ejerce el Poder Judicial, “pues en una primera evaluación se detectó que realiza gastos innecesarios (de 15 mil a 25 mil millones de pesos)”. Pues qué bien, porque finalmente se dio cuenta que quien autoriza la asignación de dineros públicos es, precisamente, la Cámara de Diputados, única facultada en materia presupuestal.

Por fin, aunque con toda lentitud, los legisladores morenos registraron que es en San Lázaro donde se aprueban las voluminosas cuan crecientes partidas presupuestales que año tras año ejerce el Poder Judicial para que sus integrantes vivan como reyes –especialmente la cúpula– y, sobre todo, sin rendir cuentas a nadie, como si se tratara del país más desarrollado del mundo. Además, si se comparan los faraónicos montos asignados para esta burocracia dorada con los escuálidos resultados en materia de “administración de justicia” por ella obtenidos, no cabe duda de que sale debiendo, y en proporciones crecientes, a los mexicanos, quienes sólo ven cómo año tras año esta oligarquía judicial acumula y acumula.

Qué bueno, pues, porque a pesar de que los diputados son los que autorizan las asignaciones presupuestales y están obligados a vigilar montos y ejercicios, debió ser el presidente Andrés Manuel López Obrador quien meses atrás documentara, detallara y denunciara el abundante cuan discrecional uso de multimillonarias partidas del erario por parte de esta casta dorada.

Meses atrás, el mandatario dio a conocer que el Poder Judicial mantiene fideicomisos que acumulan al menos 20 mil 516 millones de pesos. “Esa información es pública, nada más que mucha gente no lo sabía; todo lo que al Poder Judicial le ‘sobra’ va para el fideicomiso, no se devuelve a la hacienda pública”. Sólo para dar una idea, el fondo para pensiones de ministros y magistrados jubilados suma 4 mil 504 millones de pesos, y lo que falta (plan de prestaciones médicas, mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, apoyo económico extraordinario y mucho más).

Pero bueno, ya está en la mira: el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, declaró que “el Poder Judicial tiene una partida de 3 mil millones de pesos destinados a reparaciones de domicilios particulares de ministros y jueces de distrito. Esto no tiene qué ver con el gasto destinado a la administración de justicia en un millón 200 mil asuntos que revisan o lo que se dirige a los juzgados, las secretarías, los trámites; todo lo que tiene que ver con la judicatura federal y su operación, explicó” ( La Jornada).

El propio Mier anunció que “también se revisará el tema de los 14 escoltas que tienen, los automóviles blindados de cada uno de los integrantes, y que se extiende en algunos casos para jueces y magistrados de distrito. Igualmente se evaluará a los organismos constitucionalmente autónomos sobre los recursos que no tienen relación directa para el cumplimiento del propósito por el cual fueron creados”. Deben entender que la era de los privilegios se acabó, “que la prioridad de la Cuarta Transformación es el combate a la pobreza y la desigualdad, los resultados están a la vista, 9 millones de pobres menos en el país gracias a la política de austeridad, el combate a la corrupción, manejo responsable de la economía y el uso del presupuesto como la política pública más importante de distribución del ingreso. Hay que acabar con la burocracia dorada que se niega a desaparecer en el Poder Judicial” ( ídem).

Como elemento comparativo, hay que mencionar que “los ahorritos” del Poder Judicial de la Federación equivalen a un monto 5.4 veces mayor al presupuesto 2023 de la Secretaría de Economía; 13.3 tantos al de la Función Pública, 2.15 al de Relaciones Exteriores, 1.3 al de Cultura. Representan 10 por ciento del gasto asignado a Salud, 40 por ciento del de Energía o 65 por ciento del destinado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología.

Pero en lugar de fortalecer presupuestalmente a esas áreas, y tantas otras, más de 20 mil millones de pesos se utilizan para pagar la catarata de privilegios de los “guardianes de la Constitución”, como asegura la ministra Norma Piña. Y todos esos dineros los autoriza la Cámara de Diputados.

Las rebanadas del pastel

Quienes no los conozcan dirán que es indigno el comportamiento de los Chuchos (dueños del cascarón del PRD), pero en los hechos siempre han sido prostitutas de la política.

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