La empresa Manufacturas VU “se salió con la suya” y pese a estar sujeta a una segunda queja laboral del T-MEC, que le exigía cumplir con un plan de reparación, incumplió porque ya despidió a la mayoría de los trabajadores.

El asesor jurídico de la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM), Pablo Franco, señaló que la conducta de la planta de autopartes ubicada en Piedras Negras, Coahuila “sienta un pésimo precedente y pone en duda la eficacia” del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, debido a la renuencia de la compañía a acatar las disposiciones del acuerdo internacional y a remediar las violaciones documentadas por las autoridades laborales.

En entrevista, indicó que la situación sólo se explica porque “es una empresa fantasma”, pues el terreno de sus instalaciones y la maquinaria “no eran suyas, sino de sus clientes”, lo que revela, dijo, una nueva modalidad de terciarización y esto “sólo es posible con la complicidad del gobierno del estado con compañías de prácticas fraudulentas”.

Francisco Retama, asesor político de la liga sindical, anotó que el plan de remediación debió aplicarse en el entendido de que la empresa está en operaciones con sus trabajadores, cuya plantilla era de 425 sindicalizados. Pero, continuó, “si ya no están a quienes se les deben respetar sus derechos laborales y la compañía que era objeto del plan, no se puede hacer valer” el mecanismo. Esto “pone en evidencia los límites del instrumento laboral, enfatiza sus debilidades y al mismo tiempo las áreas de oportunidad para fortalecerlo”, agregó. El problema deberá resolverse entre los representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, dijo.

Los especialistas indicaron que la información más reciente indica que son 30 obreros de Manufacturas VU los últimos despedidos, pero aún no reciben su finiquito; incluso el director de la empresa también fue liquidado.

Franco y Retama coincidieron en que un escenario posible es que la responsabilidad de las sanciones la asuma la sede matriz, localizada en Michigan, Estados Unidos.

Esta sería una solución “bastante lógica porque siempre hemos estado apelando a los dueños, que son perfectamente identificados, para que asuman una responsabilidad”, comentó Retama. Incluso en el propio plan de remediación los ejecutivos “están aludidos”.

El 30 de septiembre los gobiernos de México y Estados Unidos determinarán si se cumplió con el plan de remediación, que incluye una decena de acciones, compromisos y sanciones a cargo de Manufacturas VU.

El documento también estableció que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debió monitorear las instalaciones de la planta y hacer inspecciones periódicas. La dependencia compartirá los resultados con Estados Unidos.