La violencia política contra las mujeres no sólo es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales, “sino que constituye una violación a los derechos humanos”, coincidieron funcionarias públicas y activistas.

En el segundo día del foro con integrantes de pueblos y comunidades indígenas, organizado por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Esther Pinelo, titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en Oaxaca, indicó que en el estado 58 por ciento de las denuncias por violencia política en razón de género son de regidoras y el resto de candidatas (18 por ciento) y presidentas municipales (12 por ciento).

Señaló que este tipo de agresiones obstaculizan el pleno goce y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, no sólo de votar y ser votadas, sino además en el de los cargos públicos y en la toma de decisiones. “Todo confluye en la discriminación y persistencia de los estereotipos de género que determinan cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público y político”.

Explicó que entre las formas de violencia política que más se denuncian están la sicológica, física y económica. La primera, dijo, se da a través de amenazas hacia la víctima, su familia o hijos, en tanto que la segunda es mediante “golpes, jaloneos, acoso, abuso sexual y tocamientos”, para evitar que ejerzan los cargos.

Igualmente, Pinelo mencionó que hay denuncias relacionadas con la limitación o negación de recursos, como el pago de sus remuneraciones.

En la clausura del foro, la magistrada de la sala superior del TEPJF, Janine Otálora, afirmó que la diversidad es la mayor fortaleza de México y sólo a través de una participación plena y significativa de la ciudadanía indígena se forjará un país que realmente se diga democrático.

Asimismo, sostuvo que durante el proceso electoral 2023-2024 será imperativo que las perspectivas de los pueblos y comunidades indígenas sean realmente tomados en cuenta.