El marco legal vigente en México “se queda corto para combatir la corrupción sistémica”, de acuerdo con María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC).

En la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), celebrada esta semana, la fiscal aseguró que la ley no considera “las redes complejas que actualmente existen en los casos de corrupción”.

Hace siete años se reformó el Código Penal Federal y se introdujeron nominalmente los delitos por hechos de corrupción, recordó Mijangos Borja en una ceremonia efectuada en Aguascalientes y transmitida por Internet.

“Tenemos un conjunto de tipos penales en los que se asume que son servidores públicos individuales quienes cometen los delitos por hechos de corrupción; sin embargo, excepto en casos muy específicos, no se contempla la participación de particulares ni de personas morales, y mucho menos de las redes complejas que actualmente existen en los casos de corrupción”, expuso.

“Este marco jurídico se queda corto para combatir la corrupción sistémica, entendida como aquella que se comete desde el poder público utilizando reglas establecidas para superar las barreras que se le imponen al combate a la corrupción”, afirmó.

Interacción

Dadas las múltiples formas de interacción entre el sector privado y el Estado, Mijangos Borja pidió repensar los casos en que las empresas y sus representantes, socios o empleados pueden ser sujetos de responsabilidad en hechos de corrupción.

“Además, la legislación también tendría que reconocer de forma más explícita la muy estrecha relación entre los hechos de corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero”, explicó. Puntualizó que “a pesar de que esta conducta suele tener como precedente un delito por hechos de corrupción, en la legislación su investigación se considera separada, lo que en ocasiones puede dificultar las pesquisas”.

Mijangos agregó que desde su creación en 2019, la fiscalía ha recibido “más de 3 mil 500 denuncias, un promedio de 850 por año”. Señaló que si bien se han obtenido algunas sentencias y se ha llegado a acuerdos reparatorios, “dado el tiempo que tarda el sistema judicial, se van apenas dando los primeros resultados”.