Aunque la cobertura de la educación media superior en México logró un acelerado crecimiento en las pasadas dos décadas, pues el número de adolescentes de 15 a 17 años que cursan bachillerato pasó de tres a siete de cada 10, el país aún está lejos de garantizar el ingreso universal a ese nivel, como se estableció por mandato constitucional en 2012, y cuyo plazo para concretarse expiró en el ciclo escolar 2020-2021.

Las cifras oficiales revelan el ejercicio aún limitado de este derecho, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) reporta que el Sistema Educativo Nacional sólo atiende a 72.9 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años que logran concluir su educación básica, cifra que se eleva a 78.4 por ciento, si se considera la modalidad no escolarizada, por lo que acceden a este nivel educativo 5.2 millones, aunque la población en edad de ir al bachillerato a escala nacional es de 6.1 millones.

Uno de los principales desafíos, reconoce la autoridad educativa, es que la educación media superior en México es atendida en 33 subsistemas distintos, con modelos educativos, tipos de control administrativo y presupuestal diferentes.

El crecimiento de la demanda ha sido tan elevado que el Estado diversificó la oferta más allá de los bachilleratos públicos adscritos a la administración federal y las universidades autónomas.

También fortaleció su oferta a distancia, pues en esa modalidad se atiende a 181 mil 632 alumnos en Prepa en Línea y a más de 22 mil en Preparatoria Abierta. A ellos se suman más de 139 mil alumnos de la Educación Media Superior a Distancia (Emsad).

Cada año, tan sólo en la zona metropolitana del valle de México, cerca de 300 mil adolescentes solicitan su ingreso al bachillerato a través del examen estandarizado que aplica la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), organismo creado en 1996, ante el crecimiento exponencial de la demanda educativa.

A la evaluación aplicada en 2022 se presentaron poco más de 274 mil adolescentes. De ellos, 156 mil solicitaron como primera opción cursar el bachillerato en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 118 mil buscaron ingresar a alguna de las nueve instituciones educativas públicas restantes que integran la Comipems.

Según datos de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, del ciclo 1999-2000 al 2022-2023, el índice promedio de aceptación de los candidatos a inscribirse en el bachillerato fue de apenas 25 por ciento, al tiempo que la demanda en ese mismo periodo aumentó 40 por ciento.

De acuerdo con datos oficiales, la oferta para el nivel medio superior se ha mantenido prácticamente sin variaciones en más de dos décadas, pues la UNAM sólo ofrece entre 33 mil y 35 mil lugares para sus preparatorias y CCH, mientras que los solicitantes –sobre todo en los últimos cinco años– llegan a ser 150 mil, aunque en algunos años son más de 185 mil.

Hugo Aboites, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que el fenómeno de los aspirantes excluidos comenzó a agudizarse como resultado de una política de Estado que “va generando en los hechos una especie de apartheid educativo”.

La creación de la Comipems, explica, se concretó en un momento clave, pues en los años 90 del siglo pasado surgió de forma explosiva una creciente demanda de espacios educativos en la enseñanza media superior y superior no atendida.

“En esa década la demanda fue incontrolable. La desesperación y el miedo hizo que se crearan organismos como el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), fundado en 1994, y luego la Comipems, porque ante una masa que está gritando en tus ventanas que quiere un lugar en la educación, tienes que responder, pero la salida que buscaron (las autoridades) fue muy represiva: establecer un sistema obligatorio de asignación de lugares educativos que no interesan a los jóvenes.”

Fue –añade– una etapa “brutal, porque se buscó un mecanismo que no diferenciaba entre los perfiles de las distintas instituciones educativas, un solo examen servía para todo. Además es ‘voluntariamente obligatorio’ que el joven llene un formulario de ingreso con un determinado número de opciones que no quiere.

“A un aspirante que busca ingresar a la UNAM o al IPN, se le propone ir a un Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) o a un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)”, por ejemplo.

Axel Meléndez, maestro en pedagogía y especialista en temas de educación, reconoce también este fenómeno y afirma que el examen de la Comipems en muchas ocasiones “ordena a los aspirantes y los manda a diferentes lugares en función de sus aciertos, pero si te acercas a preguntarle a los estudiantes si fue su primera opción, los casos son contados”.

La prueba, recalca, tiene la función de canalizar a los jóvenes a opciones académicas “sólo porque existe la oportunidad de estudiar algo, aunque no sea de tu preferencia, sólo porque te garantiza seguir en el trayecto académico”.

Exámenes estandarizados

Experto en temas educativos y asesor histórico del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), Aboites expone que producto del bono demográfico y la movilización de los jóvenes, en los años 70 se buscó una solución que fue “medianamente atendida con la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM en 1974 (durante el rectorado de Pablo González Casanova) y con algunas universidades públicas estatales y, a nivel federal, la UAM, con un modelo educativo más progresista y democrático”.

Sin embargo, sostiene, fue insuficiente porque con la operación del Ceneval comenzó el periodo de aplicación de exámenes estandarizados para el ingreso al bachillerato, y dos años después la SEP “avaló su aplicación a nivel nacional”.

Uno de sus efectos inmediatos, indica, es que abrió un nuevo campo a la mercantilización de la educación, pues el Ceneval –organización civil especializada en la venta y comercialización de evaluaciones estandarizadas– ha ganado más de 3 mil millones de pesos desde su creación hace 27 años.

Datos de ese mismo organismo revelan que en 2022 aplicó en el país un millón 435 mil exámenes, de los cuales 807 mil corresponden a evaluaciones estandarizadas de ingreso a la educación media y superior. El Ceneval reportó al cierre del año pasado ingresos por mil 89 millones 896 mil pesos, producto de los exámenes que aplica el organismo, que preside Antonio Ávila Díaz.

Instrumento de exclusión

Con la creación de la Comipems, afirma Aboites, “el examen de ingreso se convierte en el instrumento para decidir a quién sí y a quién no se le otorga el derecho a la educación”. Y ante la avalancha de la demanda “se dio una respuesta a todas luces insuficiente. Sabían que venía un crecimiento demográfico, pero desconocían que México se iba a convertir en un país joven (…) en el que había un vacío muy fuerte de políticas públicas orientadas directamente a ellos”.

Aboites destaca que uno de los principales impactos de aplicar la evaluación estandarizada como mecanismo de ingreso único a la educación media superior y superior “fue la deserción”.

La Ciudad de México, explica, “tenía el primero o segundo lugar en retención educativa de estudiantes de bachillerato, pero a partir de 1997, es decir, un año después de que se implementa el examen único de ingreso, pasa al lugar 28 o 29 a nivel nacional, y nunca más ha recuperado su posición en los primeros tres lugares”. Lo anterior, asegura, “debido a este sistema forzoso de asignación de espacios educativos”.