Santa María de Ostula despidió ayer a Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, secuestrado el pasado 1º de agosto por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, y cuyo cuerpo fue hallado el jueves 10. Esta comunidad, enclavada en el municipio de Aquila, Michoacán, entre la costa y la sierra, ha padecido el asesinato de 35 de sus integrantes y la desaparición forzada de seis de ellos en los últimos años; sólo en lo que corre de 2023 fueron baleados Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano (12 de enero), Eustacio Alcalá (1º de abril) y Juan Medina, ex jefe de tenencia de la comunidad (14 de abril). Además, el 15 de enero fueron desaparecidos el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz.

El crimen organizado invade Ostula y persigue a sus habitantes cuando salen de ella: De la Cruz fue plagiado cuando viajaba en carretera y a Medina lo mataron mientras vendía comida en una fiesta en el municipio de Chuinicuila. La codicia es el principal móvil del ensañamiento: las 19 mil hectáreas que por derecho posee este pueblo nahua abarcan playas deseadas tanto por los desarrolladores turísticos como por los delincuentes que desembarcan ahí valiosos cargamentos de estupefacientes; bosques llenos de especies maderables de alto valor; yacimientos de hierro concesionados a trasnacionales mineras; además, se encuentra en un cruce estratégico para las rutas de trasiego de drogas, en vecindad con la Tierra Caliente, tristemente famosa por los sangrientos enfrentamientos entre grupos criminales.

La crueldad contra estos aquileños se explica también por su negativa a permanecer inermes ante el despojo de sus tierras por caciques tradicionales o cárteles, así como por su irreductible resistencia frente a los intentos de convertir su territorio en una base de operaciones para la delincuencia. En 2009, ante el crecimiento de la violencia a resultas de la irreflexiva y contraproducente “guerra contra el narco” declarada por el ex presidente Felipe Calderón, los lugareños proclamaron el Manifiesto de Ostula, en el que reivindicaron el derecho a la autodefensa indígena y la legitimidad de su guardia comunitaria. De este modo, años antes del surgimiento de los variopintos grupos de autodefensas que marcaron a la región en las postrimerías del calderonato y los inicios del peñanietismo, Ostula se había erigido en un ejemplo de unidad comunitaria; de combate efectivo, sin simulaciones ni pactos oscuros, contra la criminalidad, y de construcción de la autonomía indígena de hecho.

Pagaron caro el atrevimiento de la libertad. Pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto acordó respetar su autogobierno y su eficaz sistema de seguridad, pronto emprendió una persecución que dejó a la comunidad atrapada entre los cuerpos armados oficiales y la delincuencia. Ostula prevaleció en medio de la embestida y logró preservar sus instituciones, pero sigue cubriendo un costo muy elevado por ello. El asesinato del ex dirigente de autodefensas Hipólito Mora, acribillado el 29 de junio pese a contar con un cuerpo de escoltas, muestra hasta qué punto los habitantes de amplias zonas de Michoacán se encuentran a expensas del crimen organizado, y que ni esfuerzos heroicos como el de Ostula logran mantener a raya una violencia desatada en el calderonato, pero que no cesa de reproducirse.

Es imperativo que el Estado en pleno, con autoridades de los tres niveles de gobierno, se aplique a terminar la zozobra en que viven millones de michoacanos. Está claro que el ineludible primer paso en esa dirección consiste en esclarecer los homicidios de Lorenzo de la Cruz y de todos sus compañeros, localizar a los responsables y ponerlos ante la justicia.