En 1999, la Organización de Naciones Unidas (ONU) conmemoró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de visibilizar la importancia de las juventudes en la toma de decisiones y su participación en la transformación social. Aunque “la edad es sólo un número”, para ese sector de la población es más que eso: es un concepto socialmente determinado que genera una barrera estructural adultocentrista para excluirles, invalidar su capacidad para decidir y para ejercer sus derechos humanos plenamente.
De acuerdo con reportes de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se calcula que las personas jóvenes serán alrededor de 23 por ciento de la población mundial en 2030. Asimismo, el informe Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in Transforming Futures for Young People, de la Organización Internacional del Trabajo, reportó que en 2021 aproximadamente 15 por ciento de la población joven estaba desempleada; mientras las personas entre 20 y 24 años, principalmente mujeres, se encontraban sin empleo ni acceso a la educación. En México, los jóvenes no sólo se enfrentan a las desigualdades económicas y a la falta de acceso a oportunidades laborales, sino también a un fenómeno estructural más grande: la violencia sistémica y extrema en el país.
Por un lado, el incremento de la presencia del narcotráfico ha implicado una cooptación de juventudes que son obligadas a trabajar de manera ilegal, explotada y en contra de su voluntad a cambio de resguardar su vida y las de sus familiares. Asimismo, ha conllevado que haya un desplazamiento interno forzado para escapar de las redes criminales que predominan en sus territorios y buscar otras formas de vida digna. La migración constante e histórica que se ha vivido en América Latina ha afectado no sólo a comunidades y familias, sino a las personas jóvenes que han tenido que migrar de manera interna o hacia otros países para acceder a la educación, en la búsqueda de empleo o de algún medio para sobrevivir a la crisis económica y social que se vive en sus territorios.
Además de los retos y desafíos personales y colectivos que implica, esta situación se recrudece con el racismo y la discriminación social que enfrentan al llegar a un nuevo lugar debido a sus características físicas, de género, origen de procedencia, entre otras. Por otro lado, en aquellos sitios donde hay “más oportunidades” para las juventudes, permean dinámicas adultocentristas en las que se les considera personas sin conciencia sobre sus actos, sin conocimientos ni saberes y, mucho menos, con capacidad para decidir. Sin embargo, estos prejuicios y estereotipos provienen del adultocentrismo, sistema basado en la visión de personas adultas consideradas como la máxima realización del ser humano.
Esto implica una relación desigual y de poder en comparación con otros grupos etarios (niñez, adolescencias, personas adultas mayores), los cuales son considerados inferiores al no ser lo necesariamente productivos para los intereses de los sistemas capitalista y patriarcal. Sumado a ello, la constante e histórica criminalización hacia las juventudes por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, protesta y manifestación han continuado en el país y el resto de América Latina, principalmente en espacios educativos. Esto ha provocado el hostigamiento, persecución política, desaparición e incluso asesinatos de miles de personas jóvenes en la última década, violentando sistemáticamente sus derechos humanos.
Por tanto, hoy como día conmemorativo de las juventudes, es necesario que reflexionemos sobre las condiciones estructurales que limitan el acceso y ejercicio de los derechos humanos de las personas jóvenes; que les reconozcamos como agentes políticos y de transformación social con diversidad de intereses, personalidades y necesidades con base en sus contextos. Y sobre todo, que actuemos para combatir sus problemáticas y las desigualdades que enfrentan desde lo personal, como la salud mental, hasta lo colectivo, como la falta de oportunidades laborales dignas para ellas, elles y ellos. Si no les incorporamos en la toma de decisiones, mecanismos de participación ciudadana y construcción de políticas públicas, las juventudes serán relegadas de las problemáticas que presentan en la cotidianidad y de los desafíos que enfrentarán más adelante.
Necesitamos políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género e interseccional que generen condiciones para el libre desarrollo personal de las juventudes y combatan las visiones adultocentristas en cada espacio y lugar. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC apostamos por el reconocimiento e impulso como agentes políticos necesarios para la transformación social del país y el mundo. Porque las niñeces del pasado son las juventudes del presente y sin ellas, elles y ellos no hay futuro.
