Aunque Santiago intenta “estar mejor”, el sentimiento de desilusión y tristeza que le dejó no haber sido seleccionado en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) aún está muy fresco para quitárselo de encima.

Sin duda se trata de un estado al que seguramente han llegado hasta 900 mil aspirantes rechazados en sólo un año en su intento por ingresar a universidades de todo el país, como consignan las cifras del anuario estadístico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Aumento exponencial de la demanda de ingreso

Los datos históricos de la UNAM muestran cómo la demanda de ingreso a la formación universitaria ha crecido de manera exponencial en el pasado medio siglo. Entre 1974 y 2023, el número de jóvenes que presentaron el examen de admisión creció mil 979 por ciento, pero la oferta sólo se incrementó 65 por ciento en 49 años.

Cifras de la máxima casa de estudios revelan que entre 2001 y 2023, su matrícula de bachillerato, licenciatura y posgrado pasó de 244 mil a 380 mil alumnos, lo que representa un aumento de 55.7 por ciento. Es decir, la mayor expansión de espacios en sus aulas para formación media y superior se concretó en lo que va de este siglo.

Sin embargo, desde el ciclo 1999-2000 al 2022-2023, el promedio de admisión a la máxima casa de estudios fue de apenas 10.8 por ciento de los aspirantes, y la demanda en ese mismo periodo creció 116.5 por ciento. Los efectos de esta asimetría entre oferta y demanda de ingreso a la educación superior se refleja en las historias de miles de aspirantes que ven frustrados sus intentos de ingreso.

La prueba dejó en Santiago “mucho pesar y enojo”, porque a sus 20 años había logrado conquistar la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Física 2022 y tiene además estudios avanzados de inglés, pero todo esto no fue suficiente ahora para lograr su objetivo: estudiar ingeniería aeroespacial en la UNAM o aeronáutica en el IPN.

“Al elegir carreras de alta demanda, estaba seguro de mis conocimientos, pero me queda claro que lo que ‘desempata’ a los aspirantes no son los conocimientos que tengan, sino otras cosas, incluido un alto nivel de suerte, lo que me quita cierto peso”, dice a modo de consuelo.

Valeria tiene la misma mezcla de sentimientos, pero en su caso hay algo de culpa. Al igual que su hermana, no logró uno de sus sueños: ingresar a la carrera de comunicación y periodismo en la UNAM. Y eso provocó un choque personal y familiar.

“Muchos de mis familiares vienen de la UNAM y la presión era más grande. Nuestros papás son estrictos y con ellos la plática fue: ‘¿qué no les hemos dado? Si otros pueden, ¿por qué ustedes no?’ Es un tema fuerte y sí me pegó”, reconoce la joven.

Como Santiago y Valeria, entre 500 mil y 700 mil estudiantes quedan fuera cada año de las principales universidades públicas del país, cifra que alcanzó un pico de 900 mil en el periodo 2020-2021, según datos de la Anuies.

La diferencia entre la oferta y la demanda en la educación superior pública la ejemplifican los datos más recientes del ingreso al ciclo 2022-2023, al mostrar que de los jóvenes que presentaron el examen de admisión en la UNAM, 205 mil 788 no lograron un lugar, a cambio de 20 mil 195 (8.9 por ciento) que sí fueron aceptados.

A su vez, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 71 mil 72 aspirantes quedaron fuera, y únicamente 11 mil 871 (14.3 por ciento) fueron aceptados. Mientras más de 21 mil estudiantes ingresaron al IPN (30 por ciento), pero 56 mil 541 no lo lograron. Todo esto, para el mismo periodo académico.

En México, hasta ahora sólo cuatro de cada 10 jóvenes pueden ir efectivamente a la universidad. “Eso es muy bajo, porque en países del mundo desarrollado las cifras están arriba de 70 por ciento, y que seis de cada 10 no tengan acceso es muy grave. Es una cantidad de energía que no está bien encauzada”, alerta Hugo Casanova Cardiel, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.

Añade que los miles de jóvenes que no logran un lugar en una universidad pública pueden estar desempleados, haciendo trabajos en la “economía subterránea”, en la migración o “lo más grave es que han sido reclutados por las fuerzas delincuenciales, y este es un problema de seguridad nacional”.

Proceso de selección más difícil

El fenómeno de la exclusión educativa se ha intensificado en años recientes, confirma Axel Meléndez, pedagogo y experto en temas de educación superior, “pues en 2006, cuando surge el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), había entre 100 mil y 120 mil candidatos a ingresar, y ahora son más de 200 mil”.

Al tiempo que aumentó el número de aspirantes, también se elevaron los puntajes requeridos para ingresar, y eso endurece los procesos de selección. “Hace unos años se necesitaban entre 105 y 108 aciertos, por ejemplo, para ingresar a la Facultad de Medicina de la UNAM, y ahora son 111”, expone.

Esto mismo advierte la coordinadora del programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), Raquel Sosa Elízaga, quien afirma que existen suficientes elementos para “saber que el examen de admisión no es sino un filtro para asegurar la exclusión y mantener el número de ingresos en una cifra muy limitada”.

El aumento de la demanda año con año también lo muestran cifras del anuario estadístico de la UAM. En 1975, el número de aspirantes fue de 5 mil 671, cifra que subió a 82 mil 959 en 2022, equivalente a mil 362 por ciento.

“Históricamente fue creciendo la demanda y la oferta no aumentó igual. El Estado hizo esfuerzos, pero los aumentos a los presupuestos fueron inerciales y no proporcionales al crecimiento de la matrícula. El gobierno en turno pedía a las universidades aceptar más alumnos con el mismo presupuesto”, apunta el presidente del consejo directivo de Métrica Educativa y ex consejero presidente del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero.

Casanova Cardiel considera que los altos índices de candidatos no seleccionados, más que deberse al examen de selección, habla de un trabajo deficiente del Estado mexicano en materia educativa a lo largo de muchas décadas.

“Pensar que una sola institución va a resolver este problema no sólo es equivocado, sino ridículo. Hay que entenderlo como problema de orden nacional. A quien le tienen que reclamar los jóvenes es al Estado mexicano, a quien corresponde construir más y mejores universidades”, estimó.

Sosa Elízaga considera que la exclusión de miles de jóvenes de la educación superior “es un acto deliberado (...) No es un daño colateral ni una consecuencia indeseada. Es una voluntad expresa de excluir, de no resolver un problema de rezago social, y se hace no sólo por el examen de admisión, sino por razones económicas, geográficas, culturales, de género”.

Otro factor que incide en la exclusión educativa, asegura Hugo Aboites, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), es que la nueva Ley General de Educación Superior condiciona el ingreso a los requisitos que defina cada institución.

“Ahora resulta que el derecho a la educación está mediado por la voluntad de quien puede violentar ese mismo derecho. Es como poner en manos de un acosador la definición de qué es acoso”, apunta.

Soluciones integrales

Académicos y expertos en temas educativos coinciden en que el problema de los aspirantes no aceptados no se resolverá con el esfuerzo de una sola institución. Se necesita colaboración interinstitucional y “escuchar a los jóvenes para saber qué quieren estudiar, porque hay oferta de técnico superior en farmacia, pero ellos quieren estudiar medicina o enfermería”, añade Meléndez.

Casanova Cardiel plantea que el problema debe resolverse con medidas de largo plazo. “Se requieren más universidades, pero no se trata solamente de levantar cuatro muros y una puerta. El tema de crear instituciones implica crearlas bien, y donde hacen falta las mejores escuelas es en los lugares más apartados”, concluyó.

Backhoff Escudero propone que la SEP y la Anuies tendrían que diseñar un plan de atención a la demanda no aceptada. Incluso sugiere que podrían aplicar una política afirmativa, es decir, otorgar una cuota exclusiva para jóvenes de sectores más desfavorecidos sin examen de admisión, además de impulsar la modalidad mixta, porque la pandemia demostró que puede haber una oferta distinta a la presencial.