El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó esta semana los resultados de su último estudio de medición de la pobreza. Los datos divulgados por la institución no sólo descolocaron a los críticos de la política social y económica del gobierno federal, sino que rebasaron las previsiones más optimistas. Entre 2020 y 2022, la cantidad de personas en situación de pobreza pasó de 55.7 a 46.8 millones, es decir, 8.9 millones de habitantes lograron superar esa condición. En términos porcentuales, la población con carencias sociales (falta de acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentos nutritivos) se redujo de 43.9 a 36.3 por ciento. Es cierto que estos números reflejan, en buena medida, la recuperación tras la crisis desatada por la pandemia de covid-19, pero la disminución de la pobreza también está presente al comparar los indicadores más recientes con los de 2018.
El indicador de carencias por acceso a servicios de salud merece un renglón aparte, pues los datos del Coneval afirman que en el periodo 2018-2022 se experimentó un retroceso brutal al pasar de 16.2 a 39.1 por ciento la población que no cuenta con ningún tipo de asistencia sanitaria. Sin embargo, como aclaró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas cifras se basan en el error de preguntar por la afiliación a alguna modalidad de aseguramiento, cuando el sistema de salud pública actual ya no requiere ningún tipo de credencialización para acceder a sus servicios.
Hay una realidad incontestable: la verdadera pregunta ya no es si el plan de desarrollo puesto en marcha desde diciembre de 2018 ha dado frutos en beneficio de los sectores más desfavorecidos, sino hasta dónde se habría avanzado en materia de justicia social sin la concurrencia de fenómenos globales fuera del control de las autoridades mexicanas, como la emergencia sanitaria que se extendió de principios de 2020 hasta bien entrado 2022, la dislocación de las cadenas de suministro, o la inflación disparada por dichos factores y por la batería de sanciones con que Washington y sus aliados intentaron destruir la economía rusa en represalia por la invasión a Ucrania.
Al perder todo asidero factual para defender el modelo neoliberal de las últimas décadas, los fanáticos de la depredación eufemísticamente llamada libre mercado levantan nuevos mitos, como que estos logros dependen de transferencias insostenibles de dinero público, las cuales habrán de suspenderse en el horizonte cercano y se llevarán consigo todo lo avanzado. En primera instancia, tanto el Inegi como el Coneval reconocen que la mejoría responde ante todo a los ingresos salariales, que se han incrementado de forma sostenida gracias a la política oficial de recuperación del poder adquisitivo del salario. Además, aunque es real y encomiable que hoy el Estado destine recursos sin precedentes para apoyar a quienes más lo necesitan, simultáneamente ha puesto las bases para un desarrollo de largo plazo a partir de grandes obras de infraestructura diseñadas para atraer la inversión y detonar el empleo, cuya insignia es el complejo conformado por el Corredor Interoceánico, los parques industriales que se erigirán en su ruta, y el Tren Maya.
Sería necio cerrar los ojos ante los desafíos. Por una parte, aunque la medición de acceso a servicios de salud se encuentra claramente sesgada, resulta innegable que una parte significativa de la población mexicana está lejos de ver garantizado este derecho y que, incluso cuando se cuenta con servicios sanitarios, muchas veces éstos distan de ser idóneos. Asimismo, es necesario ajustar y actualizar los programas a fin de que lleguen a los más vulnerables entre los vulnerables, personas a quienes por su propia situación (aislamiento geográfico, marginalidad), no es fácil detectar y brindar la asistencia adecuada. Por último, es imposible darse por satisfechos mientras casi 47 millones de mexicanos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y 85 millones viven con al menos una carencia social.
Pero ha quedado fuera de toda duda que el país se encuentra finalmente en la senda indicada, y que la peor de las catástrofes sería regresar al modelo económico vigente hasta 2018, en el cual la opulencia de una ínfima minoría rapaz se obtenía a expensas de las grandes mayorías, y en que la prosperidad de unos pocos se usaba para justificar la pauperización de millones.
