Washington. El presidente estadunidense, Joe Biden, hizo público ayer un memorando en el que pide al secretario de Estado, Antony Blinken, que prosiga con la ayuda a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
El texto firmado por Biden afirma que el mercado negro de estupefacientes representa una “extraordinaria amenaza” para la seguridad nacional de Colombia. “Es necesaria la prohibición de aeronaves de las que se sospeche razonablemente que se dedican principalmente al trasiego ilícito de drogas en el espacio aéreo de ese país”, señala.
El gobierno de Biden suspendió este año la recopilación vía aérea de datos sobre las hectáreas de coca sembradas en Colombia, pese a que 97 por ciento del alcaloide que entra en Estados Unidos procede de el país sudamericano.
Pero, según el subsecretario adjunto de la Oficina para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado, Mark Wells, esto no significa que se desentienda. Washington está “preocupado por los niveles crecientes en la producción de coca y cocaína” en territorio colombiano, afirmó a finales de julio pasado ante el Congreso estadunidense.
Según el más reciente informe a cargo de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Colombia tenía en 2021 unas 234 mil hectáreas cultivadas con coca, en contraste con las 245 mil de 2020.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, es un férreo crítico de la “fracasada” guerra antidrogas y propone concentrarse en combatir el consumo más que la producción, así como detener la persecución de los pequeños cultivadores.
El año pasado, durante su visita a Washington, el mandatario progresista habló de hacer cambios sustanciales en la estrategia antinarcóticos y dio indicaciones a su embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, respecto de las prioridades en una nueva etapa en las relaciones con la Casa Blanca.
Con su gobierno, el gobernante de Colombia busca cambiar la batalla antinarcóticos restringiendo la aspersión con el herbicida glifosato en el aérea de cultivos ilícitos, promoviendo que los campesinos opten por la sustitución voluntaria de los sembradíos y limitando la erradicación forzosa en la que intervienen la fuerzas de seguridad.
