El 28 de agosto de 2010 suspendió operaciones Mexicana de Aviación y, desde entonces, las cinco organizaciones sindicales que representan a ex trabajadores y jubilados de la aerolínea mantuvieron la guardia en alto para recuperar sueldos caídos, liquidaciones y pensiones.

La firma fue privatizada cuando Vicente Fox la vendió, a precio de regalo, a Gastón Azcárraga, quien finalmente la llevó a la quiebra. En el sexenio de Felipe Calderón, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la línea aérea emblemática del país cancelaba operaciones a casi 90 años de su fundación.

Finalmente, en abril de 2014 fue formalmente declarada en quiebra. Más de una década después, los ex trabajadores y jubilados siguen exigiendo justicia contra “quienes verdaderamente son responsables del quebranto de Mexicana de Aviación, que es el Grupo Posadas y Gastón Azcárraga Andrade”, quien dejó sin ingresos y en la incertidumbre a más de 8 mil 500 familias en 2010.

En entrevista con La Jornada, José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), señaló que el ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación “tiene abiertos varios procesos legales”, que están detenidos y en espera de sus resoluciones.

Uno de ellos, mencionó, es la denuncia penal que se interpuso en 2011 por entregar “información falsa” sobre el manejo de las acciones de Mexicana de Aviación, lo cual, de acuerdo con el artículo 383 fracción II de la Ley del Mercado de Valores, constituye un delito, dado que este grupo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La ASPA también presentó una demanda por el “desvío de recursos de un préstamo que Azcárraga Andrade pidió a una institución bancaria, y que fue canalizada para los hoteles (de Grupo Posadas), cuando el préstamo lo pidió para Mexicana de Aviación”.

Humberto Gual recordó que tres días antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces la Procuraduría General de la República (PGR) canceló la orden de aprehensión librada en 2014 contra el empresario. Antes de dejar el puesto, el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se desistió de la petición de las órdenes de captura y aprehensión en contra de Gastón Azcárraga Andrade, desde entonces prófugo de la justicia.

“Vamos a seguir insistiendo en que enfrente a la justicia, porque defraudó al erario e hizo la deuda pública a trabajadores y a sus familias. Tenemos varios procesos y esperemos que el Poder Judicial nos apoye, que haga sus procesos judiciales de manera legal y transparente”, manifestó.

Por separado, Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana, indicó que esta organización interpuso una denuncia en 2020 contra Gastón Azcárraga, “se empezó a conformar la carpeta de investigación y hoy en día esta atorada, no hay avances”.

Se trata de una denuncia independiente a la que formularon las organizaciones sindicales. Se le acusa, indicó, de administración fraudulenta sobre “nuestros fondos de pensiones”, que ascienden a más de 3 mil millones de pesos.

Por eso “pedimos al Presidente su apoyo, porque después de tres años no avanza el tema de la judicialización del expediente”.