El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la alcaldía Coyoacán permitieron que un ex funcionario del gobierno de la demarcación que en 2021 fue separado de su cargo por presuntos actos de corrupción se incorporara al grupo de especialistas que dictaminaron los proyectos del presupuesto participativo de 2023 y 2024.

Vecinos del fraccionamiento Romero de Terreros señalaron que Felipe Ángeles Almanza, cercano colaborador del ex diputado federal Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito y prófugo de la justicia, ocupaba la Dirección General de Participación Ciudadana en la alcaldía cuando fue separado del cargo por la Secretaría de la Contraloría General en marzo de 2021.

Fue uno de los “especialistas” que dictaminaron indebidamente como viable el proyecto para cerrar con plumas y un sistema de acceso controlado una de las calles principales de la unidad territorial, así como los proyectos que se registraron con un mismo texto en más de 160 unidades territoriales de esa demarcación, así como en Tlalpan.

Xóchitl Mayorquín, quien participó en la colecta de firmas para oponerse al proyecto con otros vecinos del fraccionamiento y la colonia Monte de Piedad y la unidad Integración Latinoamericana que serían afectados por el cierre de la calle, explicó que el caso se expuso en un escrito a la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino, Xóchitl Bravo, con copia a la titular del órgano de control interno de la alcaldía, María del Carmen Gutiérrez, y a la concejal de Morena Zoia Elieth Fernández.

Escasa difusión

En dicho escrito se hizo la observación de que a diferencia de consultas y ejercicios anteriores, la consulta del presupuesto participativo y de los proyectos registrados tuvieron muy poca difusión en el fraccionamiento, así como del hecho “inconcebible” de que se haya avalado como especialistas para formar parte del órgano de dictaminación de la alcaldía a personas que no estarían calificadas para realizar la validación de los proyectos.

La Secretaría de la Contraloría anunció la separación del cargo de Almanza por “presuntos actos de corrupción”, el 17 de marzo de 2021, cuando se suspendió también al entonces director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Juan Silva Noyola, quien recién había sido designado de manera provisional encargado de despacho de la alcaldía, cuando Manuel Negrete, en aquel momento titular de la demarcación, se retiró del cargo para contender por la gubernatura de Guerrero.