La reforma laboral se hizo para agilizar los juicios bajo la premisa de que el retraso en las juntas laborales se debía a la corrupción incurable de los funcionarios designados por gobernadores y Presidente. En seguimiento de la Ley Federal del Trabajo, gobiernos estatales y federal cerraron varias juntas de conciliación y arbitraje para abrir juzgados laborales. Dando por hecho que un centro federal de conciliación evitaría la sobrecarga laboral, se abrieron juzgados laborales en casi toda la República, pero la lentitud en el trámite, en parte por omisiones, en parte por errores procesales de algunos funcionarios, se ha comenzado a generar.

La falta de recursos procesales para inconformarse contra actuaciones del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje (dependiente del poder ejecutivo) ha llevado a la promoción de amparos indirectos en contra de sus actuaciones. Omisiones y retardos de algunos jueces laborales hacen que los amparos sigan promoviéndose, con mayor incidencia en algunos estados de la República. La esperada reducción de amparo laborales no se ha dado.

Los perjudicados son los trabajadores. Lo mismo ha sucedido en materia burocrática. Mientras los tribunales burocráticos no tengan herramientas suficientes para hacer cumplir sus laudos y las entidades públicas retrasen o se nieguen a pagar las condenas laborales, los trabajadores que debieron esperar años para ganar un juicio seguirán sin ser reinstalados o recibir su pago.

Más allá de los problemas procesales, la reforma laboral no incide en la creación de nuevos empleos suficientes para mantener un creciente bienestar social. Por el contrario, ante el panorama procesal, muchas empresas posponen la creación de empleos. Los importantes esfuerzos oficiales para la creación de los nuevos juzgados laborales deben reanalizarse para lograr el objetivo de una justicia pronta y eficaz. La creación de más juzgados es indispensable. Acabar con los juicios existentes en las juntas de conciliación y arbitraje, es apremiante: reabrir plazas y juntas para apresurar su culminación parece ser la única solución.

La reforma laboral debe abarcar el cierre justo de las juntas de conciliación y la modificación al tribunal burocrático federal para que se cumplan sus laudos, lo que sólo sucederá con la intención política y presupuestal de las entidades públicas de cumplir los juicios que perdieron.