La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 100/2023 a la Fiscalía General de la República (FGR) por extender la estancia de personas en contexto de movilidad internacional, de nacionalidad salvadoreña, quienes fueron víctimas y testigos de delito, las cuales estuvieron alojadas “forzadamente por periodos prolongados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Iztapalapa, Ciudad de México”.
El organismo detalla en el documento, de 44 páginas, que “las personas agraviadas ingresaron el 11 de febrero de 2022 a dichas instalaciones del INM y, no obstante ser consideradas víctimas de delito dentro de una carpeta de investigación, se les impidió su salida de ese recinto migratorio ocasionando que su estancia se prolongara de manera injustificada”.
Alojamiento forzoso
Se advirtió que personal de la FGR al requerir al INM mantener alojadas a las personas agraviadas para la realización de diligencias ministeriales y jurisdiccionales, “ocasionaron una dilación de 27 días de retraso en el periodo legal para que ese instituto emitiera la resolución de los procedimientos administrativos de las víctimas, propiciando con ello que se conculcara lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Migración, que dispone que el INM determinará la situación migratoria de las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación”.
Al hacer el estudio del caso, la CNDH halló elementos que permitieron “evidenciar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal (…) por lo cual solicita que se colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
Asimismo, pide que se proceda a la “inmediata reparación integral del daño, la cual deberá incluir la medida de compensación correspondiente en términos de la Ley General de Víctimas; que se les otorgue la atención sicológica que requieran, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua”.
También deberá impartir un curso integral en materia de los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad personal y solicita que se actualice el Protocolo de Actuación Ministerial de Investigación de Delitos Cometidos por y en contra de Personas Migrantes en condiciones de Vulnerabilidad.
