Un juez federal pospuso para noviembre la audiencia inicial en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) imputará delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Orlando Suárez López, y a Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales de la dependencia.
La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció a los dos ex funcionarios por haber autorizado en junio de 2018, casi al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, el “descongelamiento” de más de 700 cuentas bancarias de empresas y personas físicas relacionadas con lavado de dinero y facturación falsa, por un monto estimado en mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares, informaron fuentes oficiales.
El juez federal Luis Benítez Alcántara abrió la audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En la videoconferencia participaban representantes de la UIF, de la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados y sus abogados.
Sin embargo, los defensores expusieron que no conocían la totalidad de las constancias ministeriales que integran la causa penal y que, según sus estimaciones, suman más de 20 mil páginas.
Los defensores de Suárez López argumentaron que fueron contratados un día antes y desconocían por completo el contenido de la indagatoria.
Representantes del Ministerio Público Federal informaron entonces que el pasado 14 de julio el ex funcionario registró como sus defensores a dos litigantes, entre ellos Francisco Javier Ávila, y a ellos se les entregó el expediente.
Los enviados de la FGR agregaron que desconocían que el acusado hubiera cambiado a sus asesores legales.
Uno de los defensores de Suárez López es Arturo Germán Rangel, quien se desempeñó en 2011 como subprocurador de Delitos Federales de la extinta Procuraduría General de la República. Entre otros clientes, ha representado a Elba Esther Gordillo y al ex dirigente panista Ricardo Anaya.
Según reportes públicos, Rangel trabaja en el despacho de abogados dirigido por Antonio Lozano Gracia, panista y titular de la PGR durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Mauricio Moreno Vargas, padre y abogado de Moreno Balbuena, señaló que en los pasados días la FGR le ha entregado más de mil páginas de investigación y no tuvo tiempo de conocer el contenido de los documentos.
Tras esos alegatos, el juez Benítez Alcántara decidió posponer la audiencia inicial hasta noviembre próximo. Advirtió a los investigados que no aceptará que, si cambian de defensa, los nuevos abogados argumenten desconocimiento de la indagatoria.
