Torreón, Coah., Para evitar un “callejón sin salida” legal, un juez de control difirió para el próximo 27 de diciembre la audiencia intermedia en el proceso contra Ismael Eugenio Ramos Flores, ex secretario de Finanzas de Coahuila, acusado de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Una apelación pendiente y la ausencia de representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevaron al juez de control a la determinación de posponer la diligencia.
Ramos Flores, quien ejerció el cargo durante el gobierno del priísta Rubén Moreira (2011-2017), enfrenta el juicio en libertad.
El ex funcionario fue vinculado a proceso penal en la audiencia inicial del 22 de junio de 2022. De inmediato, su defensa pidió la anulación ante un tribunal, que desde entonces no ha resuelto.
El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Benito Edgardo Hernández Luna, apeló a que el tribunal se manifieste antes de la nueva audiencia del 27 de diciembre.
El juzgador aseguró que si la audiencia intermedia se hubiera desarrollado ayer, habría excluido del proceso a la ASF, víctima coadyuvante en el caso, debido a que no envió representantes. “Eso hasta le hubiera convenido a la defensa”, comentó.
En esta audiencia intermedia estaba previsto que la Fiscalía General de la República (FGR) aportara pruebas de cargo adicionales.
La defensa pidió cambiar la fecha de la audiencia hasta que el tribunal de apelaciones resuelva la impugnación en contra del auto de vinculación, pero desde ahora adelantó que apelará cualquier resolución en contra del acusado.
La causa penal 157/2022 se inició con una denuncia de la Secretaría de la Función Pública federal (SFP), por la presunta suscripción indebida de 15 contratos por 475 millones de pesos que, según el alegato, sirvieron a la Secretaría de Finanzas coahuilense para simular la compra de bienes y servicios con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero.
Las investigaciones están vigentes desde 2019.
Asistieron a la audiencia el acusado, su defensa, un asesor jurídico de la SFP y tres agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.
