El presidente Andrés Manuel López Obrador apeló el fallo del juez Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa, quién le ordenó se abstenga de realizar manifestaciones con malicia efectiva en su conferencia matutina, así como en todas las señales y redes sociales de la Presidencia de la República, en contra de Xóchilt Gálvez Ruiz.

Santos Pérez programó para mañana, la audiencia incidental para resolver si le concede a la panista la suspensión definitiva contra los comentarios del Ejecutivo federal.

La consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó el recurso de queja, en representación del presidente y del coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

El caso se turnó al Decimonoveno Tribunal Colegiado en materia Administrativa, quien determinará en un plazo de 48 horas, si confirma, modifica o revoca la suspensión provisional que el juez federal le otorgó a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Gálvez Ruiz.

Está semana el del Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa, le concedió a la senadora la suspensión provisional, para que el gobierno federal evite las declaraciones y señalamientos que hace López Obrador sobre ella en sus conferencias matutinas.

Así mismo, tendrá que evitar transmitir, a través de las cuentas oficiales de Twitter, cualquier discurso de odio hacia la promovente, así como eliminar de sus cuentas de redes sociales y de las transferencias de la conferencia mañanera, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales en los que aluden a la panista.

El juez Martín Adolfo Santos Pérez, apuntó que no se está privando a la sociedad de acceder a información sobre Gálvez Ruiz, que provenga de agentes diversos a la Presidencia, sino que el caso en litigio se refiere a una persona que defiende su derecho al honor, la dignidad y la vida privada, frente a un ente del Estado que difunde información que legamente tendría que estar resguardada.