Ciudad de México. El actual gobierno no ha dado pasos claros hacia la formación de cuerpos policiacos profesionales que permitan el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, por lo que la militarización de la seguridad pública podría extenderse más allá de 2028 y poner en un “riesgo grave” a la población.

Así lo afirmó el Comité 68 ProLibertades Democráticas, el cual lamentó que la negativa del Ejército y la Marina para entregar información ha sido el principal obstáculo para las indagatorias del caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, con motivo del natalicio del dirigente Raúl Álvarez Garín –fallecido en 2014--, la organización emitió un comunicado en el cual subrayó que ve “con gran preocupación la actual crisis de personas desaparecidas”, cuyas víctimas serían más de 110 mil, de acuerdo con registros oficiales.

Tras lamentar que “el Estado ha abandonado” e incluso criminalizado a las familias de los ausentes, el Comité 68 destacó que, a casi 9 años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, “la negativa de la Sedena y la Semar para entregar información ha sido la principal razón para que las investigaciones no avancen”.

En el mismo tono, subrayó que “la cerrazón de las dependencias castrenses para entregar la información que se les demanda no es nueva: están repitiendo el esquema que han aplicado por décadas” en relación con la masacre de Tlatelolco.

Félix Hernández Gamundi, dirigente del Comité 68, manifestó su escepticismo sobre la efectividad del Ejército para darle seguridad a la población, pues las Fuerzas Armadas no están preparadas para lidiar con civiles.

“Necesitamos una policía profesional para poder desarrollar actividades de inteligencia y hoy no veo que ese proceso esté en marcha, porque la Guardia Nacional está formada por militares y eso nos pone en un grave riesgo”, puntualizó.

Asimismo, rechazó la idea de la “justicia transicional”, pues a su juicio implica aceptar que tanto las Fuerzas Armadas como los grupos a los que ellas agredieron deben acercarse y “perdonarse”. Para Hernández Gamundi, esta es “una línea demagógica en la cual se insiste desde este gobierno, que hoy tiene una gran deuda con la justicia y la generación del 68”.

Por su parte, Víctor Guerra, coincidió en resaltar los riesgos de militarizar la seguridad pública y alertó que si sigue sin haber indicios de un proceso de formación de policías profesionales, “lo más seguro es que los militares sigan en estas tareas más allá de 2028”, contrario a lo que votó el Congreso el año pasado.