El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que promoverá ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja contra el juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, “por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además, politiquera”, pues emitió una resolución que le ordena abstenerse de expresar cualquier “discurso de odio” hacia Xóchitl Gálvez.

Inconforme con la resolución del Poder Judicial, que le conmina además a retirar los contenidos de diversas conferencias en las que alude a la senadora, subrayó: “Voy a denunciarlo, sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra”.

Agregó que acudirá al CJF porque esa instancia tiene que actuar en estos casos y no hacen nada: “Miren cuántos jueces (están) actuando de manera arbitraria y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco”.

Según el recuento de la Secretaría de Gobernación sobre su desempeño, Santos ha tenido un conjunto de resoluciones contrarias a políticas del gobierno federal, pues otorgó la suspensión en los siguientes temas: el acuerdo que permitía a las fuerzas armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2024; el programa piloto de la Secretaría de Educación Pública para aplicar el plan de estudios para prescolar, primaria y secundaria 2022-2023; la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos, y contra la restricción para fumar en restaurantes.

Al cuestionar la decisión judicial como consecuencia del amparo que Gálvez promovió el 18 de julio, en el que se consideró que el mandatario ha actuado con “malicia efectiva”, López Obrador aseveró que el CJF debe actuar en este caso. “Además, ganan muchísimo dinero, no hacen nada. Como 300, 400 mil pesos mensuales, se rayan, y no hacen nada”. En su opinión, “la malicia efectiva es de su parte”, por lo que enviará el escrito al CJF y “al pueblo de México”.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sostuvo que existe la preocupación de que con esta resolución, el juez en realidad se está extralimitando en sus funciones. Su decisión afecta la libertad de expresión del Presidente, al pretender silenciarlo, e impacta en el derecho de acceso a la información de la sociedad, con lo que atenta contra la democracia.

Anunció que se presentarán los recursos correspondientes, pero “sí hacemos pública nuestra preocupación”.

La resolución ordena también a la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial de la panista.

Alcalde aseguró que Gálvez es asesorada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. En este medio se publicó quiénes son algunos de los miembros de este consejo: Gustavo de Hoyos, Claudio X. González, Miguel Carbonell, Fernando Gómez Mont y Lía Limón.