Un grupo de cafetaleros procedentes de Veracruz realizó ayer un mitin frente a Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga a fin de que sean liberados dos de sus compañeros presos desde hace más de dos meses en el penal en Amatlán de los Reyes.

La comisión de familiares y amigos de los productores detenidos señaló que la trasnacional Agroindustrias Unidas de México (AMSA) acusó con “pruebas falsas” a una docena de caficultores, a quienes se atribuye incendiar una bodega de la empresa en enero de 2022.

Fernando Celis, asesor de la comisión de familiares que llegó al Zócalo de la Ciudad de México, indicó que esto ocurrió luego de las manifestaciones que realizaron por “la baja arbitraria” de los precios pagados por la compañía compradora del grano.

Una comisión de inconformes fue recibida en Palacio Nacional por el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, quien gestionó la reunión entre los familiares y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Celis informó que los funcionarios federales se comprometieron a revisar la carpeta de investigación que integró la fiscalía de Veracruz y “acelerar un posible cambio de medida cautelar” en un plazo no mayor de 15 días.

Los cafetaleros de Ixhuatlán del Café llegaron alrededor de las 5 de la madrugada, pero se encontraron con un Zócalo cercado con vallas. Una hora después lograron ingresar y exigieron a AMSA que se desista de la denuncia que interpuso contra 12 agricultores.

Puntualizaron que fueron detenidos cinco de sus compañeros y en junio pasado liberaron a tres, pero siguen presos Viridiana Bretón, periodista y ex presidente municipal, y Crisanto Valiente.

Señalan prácticas comerciales abusivas

Aseguraron que la trasnacional “monopoliza el mercado” del aromático, pues fija el precio que quiere: mientras en esos días se cotizaba en 17 pesos el kilo de café cereza, “a nosotros nos pagan de cuatro a siete pesos”. Incluso afirmaron que la empresa no permite que otros compradores externos entren al municipio “porque los amedrentan”.

Acusaron a autoridades del gobierno del estado y municipales de “estar coludidas”; sostuvieron que “siguen sin recibir las pruebas de que los acusados estaban en otro lado” cuando ocurrió el incendio, el cual –señalaron– fue ocasionado por la propia empresa “para intimidar” a los caficultores que protestaban.