Decenas de armas robadas entre 2016 y 2020 a la Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGE) o reportadas como “ilocalizables” por esa instancia, bajo el mando del ahora procesado fiscal Uriel Carmona Gándara, fueron halladas durante operativos de captura o tras enfrentamientos de fuerzas de seguridad con integrantes de los cárteles de Sinaloa y Los Rojos, indican reportes federales y estatales a los que tuvo acceso La Jornada.
Una de esas armas fue utilizada para asesinar al empresario Jesús García y al líder de comerciantes Roberto Castrejón en mayo de 2019, durante una manifestación en pleno centro de Cuernavaca.
Carmona fue designado titular de la FGE durante el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018).
En la gestión del fiscal no hubo investigaciones en ninguno de los seis expedientes relacionados con el robo de 44 armas de fuego que estaban bajo resguardo, en las instalaciones conocidas como “cuarto de evidencias” de la fiscalía, en el municipio de Jiutepec.
Más tarde las armas aparecieron vinculadas con actos criminales.
El “cuarto de evidencias”
De acuerdo con los reportes consultados por este diario, en noviembre de 2016 cuatro hombres, con identificaciones de la fiscalía morelense, ingresaron al “cuarto de evidencias” a cargo de la Dirección de Bienes Asegurados. Ahí amagaron al personal, lo sometieron y se llevaron armas largas y cortas, además de drogas.
Tras el asesinato de García y Castrejón, Carmona aseguró que estaban identificados empleados de la fiscalía que sustrajeron “sólo” 44 armas del “cuarto de evidencias”. Pero a la fecha nadie ha sido procesado ni está precisada la cuantía del robo.
Los registros gubernamentales refieren que por el robo de las armas se iniciaron las carpetas de investigación SC01/4635/2019, FEC/118/2019, FECC/250/2019-09, SC01/9715/2016, FECC/405/2019-II y SC01/2177/2022.
La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos dispuso en su momento que la fiscalía estatal devolviera 70 armas de fuego que le fueron retiradas a personal de la policía preventiva. A julio pasado, no habían sido devueltas.
Ni la FGE ni las fiscalías estatales de Servidores Públicos y la Especializada en Combate a la Corrupción han judicializado las indagatorias que abrieron contra los presuntos responsables del robo al “cuarto de evidencias” ni por la desaparición de armas de fuego que estaban a cargo de agentes de corporaciones policiales y ministeriales en la entidad, pero que fueron empleadas por integrantes de grupos delictivos en diversos hechos de violencia.
Un caso de recuperación de armas que estaban bajo custodia de la entidad procuradora de justicia y fueron robadas ocurrió con la detención de Maximiliano N, un hombre de 22 años de edad, sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio de García y Castrejón.
La autoridad estatal informó entonces que el sentenciado utilizó una pistola marca Glock, sustraída del “cuarto de evidencia” en 2017.
Otra arma, aparentemente robada de la instalaciones de la fiscalía morelense, fue recuperada durante la detención de José Antonio V, identificado como hijo de José Valdez Chapa, El Señor de la V, un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
José Antonio V fue detenido en marzo de 2018, acusado del ataque contra dos policías estatales en noviembre de 2017, por lo que fue imputado como presunto responsable de homicidio en grado de tentativa.
Durante el operativo para la detención, hubo un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y agentes estatales, en el que murieron cuatro mujeres y dos menores de edad que estaban en un domicilio en el municipio de Temixco. En mayo de 2019, José Antonio V fue absuelto.
Otro caso es el de Teófilo Maya Gallegos, El Mirris, primo de Abel Maya, líder en Morelos de una célula del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Durante la detención de Teófilo, en el estado de Puebla, en septiembre de 2020, fue confiscada un arma de fuego en su poder que, de acuerdo con los registros estatales, también fue sustraída del “cuarto de evidencias” de la FGE.
