Líderes de PAN, PRI y PRD anunciaron en la Cámara de Diputados que emprenderán una serie de acciones para impedir la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. El plan de los partidos integrantes del Frente Amplio por México incluye presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, promover el trámite masivo de amparos colectivos e invitar a académicos e intelectuales de derecha para reforzar su campaña propagandística contra dichas obras. Por su parte, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciaron que bloquearán la entrega de los libros en sus entidades.
Ésta no es, ni mucho menos, la primera ocasión en que el cambio de los planes de estudio de educación básica, así como de los textos que sirven de guía y material de trabajo para aplicarlos, son motivo de controversia y protesta, pues cada vez que el Estado renueva la política de escolarización toca, de manera inevitable, los intereses o las creencias de uno u otro sector de la sociedad. Lo singular en el actual ciclo de descontento es la convergencia de grupos religiosos ultraconservadores, corporaciones que se juegan miles de millones de pesos, y la maquinaria opositora político-mediática.
Organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y semejantes, además de jerarcas de la Iglesia católica y representantes de otras congregaciones, se oponen a estos impresos como han rechazado históricamente todo programa que divulgue una versión científica y factual en temas que, según su parecer, choquen con posturas cavernarias que hoy día no gozan de consenso ni siquiera entre los creyentes. A estas facciones desfasadas se unen las compañías que han monopolizado la industria editorial y, como sus propios voceros reconocen, durante sexenios anteriores obtuvieron jugosos contratos de producción de los materiales educativos financiados por el Estado.
Otro foco de distorsiones lo constituyen empresarios mediáticos que, más allá de su coincidencia con los antivalores de la intolerancia, alientan el escándalo como un instrumento de chantaje en su pulso con las autoridades para evadir montos multimillonarios en impuestos atrasados. Por último, los partidos coligados en la alianza que encabeza Claudio X. González aprovechan la coyuntura a fin de desgastar al gobierno federal, ganar notoriedad y posicionarse ante la ciudadanía de cara a los comicios del año entrante.
En su empeño para desacreditar los libros de texto, estos actores manipulan los datos y se inventan un pasado mítico en el que los materiales desarrollados por la SEP tenían contenidos y orientaciones asépticos, ahistóricos, de una imparcialidad indiscutible y sin vínculo alguno con la ideología del gobierno en turno. Lo cierto es que, desde su creación y como no podía ser de otra manera, los libros de texto han reflejado la visión de país y las maneras de entender el mundo de las autoridades que los elaboraron, por lo que es lógico e inevitable que en un momento de transformación como el que vive el país se produzcan libros con una postura progresista y sensible a las reivindicaciones de los sectores populares.
La campaña de estigmatización contra este proyecto magnifica las erratas contenidas en los libros de texto gratuito y recurre al espantajo de un comunismo imaginario para inducir una sicosis colectiva a partir de lecturas absurdas y desconectadas de la realidad.
Como ya se remarcó en este espacio, los errores y los aspectos perfectibles de las obras de marras deben corregirse, y la tarea corresponde principalmente a los docentes en las aulas y en el transcurso de las dinámicas pedagógicas. Por ello, lo urgente es garantizar que los libros lleguen a sus destinatarios, y que sean ellos quienes los evalúen, critiquen y mejoren.
Para que lo anterior sea posible, el Poder Judicial tiene que rechazar de manera tajante la pretensión de grupos ultraconservadores, empresarios y partidos de oposición de impedir, por medio de los tribunales, la impresión y la distribución de los materiales didácticos mencionados, una situación que, más que dañar al gobierno federal, causaría una afectación en la educación de millones de niños y haría imposible el trabajo de sus profesores.
