Sao Paulo., La Fiscalía General de Brasil pidió ayer la condena de los primeros 40 acusados de haber perpetrado el intento de golpe de Estado del 8 de enero contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La solicitud de la fiscalía general fue elevada al Supremo Tribunal Federal, que juzga la actuación de los golpistas que asaltaron sus instalaciones, así como la casa de gobierno y el Congreso, en Brasilia.

En total hay mil 290 procesados por el máximo tribunal, acusados formalmente de varios delitos vinculados al intento de derrocar el estado de derecho vigente.

En este primer bloque, la fiscalía general pide la condena de 40 personas por los delitos de asociación delictuosa armada, abolición violenta del estado democrático de derecho, daño calificado con violencia y amenaza grave con uso de sustancia inflamable contra el patrimonio de la nación.

En los alegatos finales, los fiscales indican que “la forma en que actuaron los invasores demostró, por un lado, la estructura del grupo criminal y, por otro, la fragilidad de la contención impuesta por la policía de Brasilia”.

Los acusados, seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), pedían al ejército dar un golpe de Estado al aprovechar la toma de los poderes públicos.

El principal acusado es el ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, en prisión domiciliaria, quien en el momento de los hechos era secretario de Seguridad de Brasilia y está imputado por haber liberado la zona de policías para permitir el asalto a las instituciones.

En tanto, el equipo legal de Bolsonaro impugnó la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que pidió su inhabilitación durante ocho años por abuso de poder y uso fraudulento de recursos públicos.

Bolsonaro tiene pendientes otros 15 procesos en el TSE.

Operativos: 16 muertos

La Secretaría de Seguridad Pública informó que realizó 160 detenciones en la polémica operación policial efectuada en la región metropolitana de Baixada Santista, en el estado de Sao Paulo, que se saldó con 16 muertos.

El operativo, que comenzó el pasado 28 de julio tras el asesinato del militar Patrick Bastos Reis en Guarujá, durará un mes e involucrará a 15 batallones especiales, brigadas de asalto y unos 3 mil efectivos de la Policía Militar y agentes locales.

Desde el gobierno de Lula hasta la Organización de Naciones Unidas se ha denunciado la violencia policial en este tipo de operaciones.