El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el expediente Ayotzinapa, logró sacar a la luz pública información reservada de las fuerzas armadas a partir de 2021, que los investigadores mexicanos no habían hecho. La penalista colombiana Ángela Buitrago considera que la intervención de un instrumento internacional como este, novedoso y experimental en el sistema latinoamericano, marcó la diferencia.

Al valorar el aporte del GIEI, explica: “Los que vienen de afuera ven cosas que los de adentro ya no alcanzan a observar, porque se ha convertido en una ‘normalidad’”.

Cita un ejemplo: “Para mí es inimaginable que una fiscalía no pueda ingresar a los archivos militares. Si no puede hacerlo, es una fiscalía mutilada para investigar delitos graves. Y nos encontramos con que en México ello era impensable”. No tienen la facultad. Si integraran el derecho internacional la tendrían. Pero se resisten. La fiscalía nunca fue a los archivos militares. Fuimos la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia (Covaj) y el GIEI y llevamos la información a la fiscalía.

“Y en otra reflexión: si el país no quiere, no sabe o no puede llevar a juicio a estas personas por desaparición forzada, hay instancias que lo van a hacer. Pienso en la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

Ángela Buitrago ahora está propuesta por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en una terna de penalistas destacados en casos de delitos humanitarios graves, para encabezar la Fiscalía General de su país. Partió de México el lunes pasado “con tristeza por los padres de los normalistas desaparecidos, que van para nueve años sin saber de sus hijos ni por qué actuaron así las autoridades y el crimen organizado contra un número muy grande de estudiantes”.

Pero también se va “con la tranquilidad de haber empujado hasta el último momento, y entender que se abrieron espacios que estaban vetados. Y si esto llega a ser coherente y constante, puede ser una salida para el tema de la violencia y la seguridad en México”.

En entrevista, narra su sorpresa cuando supo que los archivos militares son terreno vedado para fiscales e investigadores. “En Colombia, todos los fiscales que investigamos delitos de lesa humanidad podemos ingresar a los archivos militares y no hay posibilidades de reserva ni de secreto, incluso a documentos de inteligencia. Aquí esto es impensable, el funcionario se cohíbe y no aplica el derecho internacional.

Terrenos vedados

–El GIEI penetró en los registros militares y permitió un vistazo, quizá único, en las entrañas de la institución castrense. ¿A qué se debe, en tu opinión?

–Recordemos que al principio la responsabilidad se atribuía solamente a la policía, presidencias municipales y al crimen organizado, pero desde el inicio nos dimos cuenta que había más instituciones. La medida de la prueba nos llevó a indagar en otros sectores no investigados: policías estatal, ministerial, federal, de tránsito, inteligencia del Estado. Empezamos a ver que lo que afirmaba la Secretaría de Defensa era diferente a la realidad que se demostraba técnicamente”.

–Antes de su llegada, en 2015, las familias estaban en la indefensión frente al aparato del Estado. ¿Fue necesario que llegara una organización internacional para fracturar ese muro?

–Digamos que es la conjunción de muchas cosas. El problema es que los delitos de derechos humanos se tratan aquí como un crimen común. Teníamos la experiencia de casos graves y eso nos permitió configurar un macrocaso.

“Nosotros discutíamos con el fiscal de la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la extinta Procuraduría General de la República), que hoy está detenido, Gualberto Ramírez. Nos decía: ‘a estas personas se les investiga por secuestro y eso tiene una pena de 50 años. La desaparición forzada tiene una pena menor’. Pero este argumento tenía una segunda intención, porque el secuestro no es delito grave en el orden internacional, mientras la desaparición forzada sí. Ahí se ve cómo lo que le importa al investigador es la pena máxima y no la realidad de la composición del delito. En la desaparición de los muchachos hubo una gran red de funcionarios que contribuyeron en la desaparición”.

Su huella en Colombia

En Colombia, Ángela Buitrago ha litigado exitosamente casos históricos que involucraron al ejército, al crimen organizado y al paramilitarismo. Uno de ellos es el relacionado con el director de inteligencia del ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera, en 2002. Ese proceso le valió a la abogada amenazas y presiones del entonces presidente Álvaro Uribe. Su actuación más destacada fue cuando en 2005 se reabrió el expediente de la toma e incendio por la guerrilla del M-19 del Palacio de Justicia en Bogotá, 30 años después de ocurrido. Hubo más de 100 muertos. En una primera averiguación de la justicia militar no se indagó sobre la desaparición de 11 personas.

–Esas experiencias adquiridas en tu práctica como penalista en Colombia, ¿cómo las aplicaste en el caso Ayotzinapa?

–En la investigación del DAS supimos que esta institución entregaba listas de personas a un organismo “Amigos del DAS”. Eran registros de gente tachada de subversiva o comunista. Y los paramilitares los asesinaban. Aquí hay un aprendizaje sobre dónde buscar. Toda la información siempre está en los archivos de las propias instituciones. Todo lo escriben. Eso se sabe desde Nurenberg. Por protegerse las espaldas, los subordinados todo lo guardan. Y la orden normalmente es por escrito.

“De ahí la certeza de que toda la documentación de la Noche de Iguala está en la Sedena. Y de que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) tiene documentada toda la secuencia. Tenemos 20 documentos. Están seriados. Debe haber más de 500 transcripciones que no han entregado”.

Los extranjeros

–¿Les pesó ese sentimiento nacionalista entre cierta clase política de reserva a que la comunidad internacional juegue un papel determinante en asuntos de justicia?

–Tengo una doble lectura. México es quien recurre más al sistema interamericano de derechos humanos, pero hay una resistencia: cuando el general Salvador Cienfuegos (ex titular de la Sedena) dijo públicamente: “Yo no voy a dejar que a mis muchachos los interroguen los extranjeros”. Es como una especie de bipolaridad.

Pese a la contundencia de sus razones para salir de México, por la obstrucción de la investigación en lo que es casi la recta final por parte de la institución armada, Buitrago reconoce que obtuvieron resultados gracias a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se les diera pleno acceso a los archivos. Y a Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación y presidente de la Covaj, a quien describe como “nuestra punta de lanza”, porque siempre abría puertas.

–En su carta de despedida, que dieron a conocer el 31 de julio, subrayan que los responsables detenidos no están procesados por desaparición forzada sino por secuestro.

–En el caso del ex procurador Jesús Murillo Karam en la segunda imputación si está por desaparición forzada. Lo mismo uno de los generales detenidos, Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería. Al comienzo había 180 detenidos, todos procesados por portación de armas o droga. Esto se ha corregido en parte.

“Si los cargos se quedan como delincuencia organizada, los responsables pagan cuatro o cinco años de cárcel y después salen, a pesar de haber participado en toda la acción que llevó a la desaparición de los muchachos. Aquí no se trata de llevarlos a juicio por lo que sea.”