Mexicali. Con acotaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la protección de los derechos humanos de los niños, se aprobó una reforma a la Ley de Educación de Baja California de revisión de mochilas en escuelas de educación básica, para evitar que se introduzcan a los planteles alguna sustancia u objetos que puedan atentar contra la seguridad de los alumnos.

Para su instrumentación, se diseñan protocolos de actuación para el personal docente y directivos escolares, así como padres de familia, precisó la diputada Claudia Agatón Muñiz, inicialista de esta reforma legal en el Congreso de Baja California que apunta que, basados en los criterios emitidos por la SCJN, los operativos Mochila Segura son instrumentos para procurar la seguridad de los estudiantes con base en el respeto a sus derechos humanos.

La legisladora petista advirtió que el problema de violencia e inseguridad entre la población estudiantil no se encuentra en la mochila, sino en el entorno social por lo que consideró la urgencia de impulsar y garantizar una cultura de paz y armonía en los espacios escolares.

En entrevista, señaló que se tienen reportes de la detección de armas en escuelas públicas y particulares de la entidad, por lo que se quiere evitar y prevenir la situación de Estados Unidos a través del trabajo coordinado con las secretarías de Educación y Seguridad Ciudadana del gobierno estatal, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos para llevar a cabo esas revisiones en los planteles donde incluso ya existe una semaforización de las zonas de mayor riesgo.

Consideró que los integrantes de los órganos de gobierno están obligados a pugnar porque las escuelas sean espacios de desarrollo sano y contar con las herramientas para que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en forma segura y óptima, toda vez que son ellos “lo más generoso que tenemos en la vida”.

Claudia Agatón señaló que a los padres de familia les preocupa la seguridad de sus hijos porque al dejarlos en las escuelas su deseo es que regresen con bien al tiempo de comentar que están organizados en Mexicali, Tijuana y Ensenada, además de estar convencidos en participar en estos operativos, lo cual es un gran avance”.

Explicó que en un principio la iniciativa se hizo con base en el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el afán de proteger a los menores de edad, pero la SCJN les advirtió que se respetara su privacidad por lo que planteó una modificación bajo el formato de legalidad y con la tesitura de derechos humanos como se hizo el Congreso de la Unión.

No se trata de todas las escuelas, dijo, hay un parteaguas para iniciar con esta revisión aleatoria y respetuosa de los derechos humanos, además que van a participar los padres de familia, los directores, los maestros y todo el personal.

Ya se firmó el Convenio Marco que se requiere entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ha impulsado esta iniciativa, además que ya se trabajan en los protocolos y en las cartas de autorización de los padres de familia.