San Cristóbal De Las Casas, Chis., El vicario de Justicia y Paz de la diócesis local, Miguel Montoya Moreno, acusó que la denuncia pública por el aumento de la violencia ha traído en los últimos años “amenazas e intimidaciones contra los agentes de pastoral, animación y coordinación en el territorio diocesano”.
En un documento detalló que el 5 de julio de 2021 fue asesinado en el municipio de Simojovel el catequista Simón Pedro Pérez López, ex dirigente de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, “por buscar la paz en las comunidades y denunciar la presencia de grupos criminales en Pantelhó que controlaban el territorio a base de terror”.
Señaló que por “dar continuidad al proceso de defensa del territorio frente a intereses de empresas mineras”, el 17 de marzo de 2022 fue amenazado e intimidado Matías Rodríguez Jiménez, párroco de Chicomuselo, situado en la sierra de la entidad.
Agregó que el 1º de junio de 2022 el comité de derechos humanos de la parroquia de San Juan Evangelista en Cancuc, denunció la detención de su presidente Manuel Santis Cruz, junto con cuatro compañeros: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, acusados “injustamente” del homicidio de una policía municipal.Desde la vicaría de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal hemos constatado la obstrucción al debido proceso jurídico, durante el juicio que realizó la fiscalía indígena”, manifestó.
Montoya Moreno, párroco en el municipio de Oxchuc, señaló que “esta realidad de criminalización nos ha llevado a considerar los siguientes acuerdos:
Hemos procurado acompañar y respetar los procesos organizados que buscan el bien común de los pueblos, así como respetar y fortalecer la organización comunitaria en nuestras zonas en orden a que el gobierno impulsa estrategias para implementar una política individualista, utilitarista para desarticular, dividir y romper el tejido social”.
Además de lo anterior, “fortalecer las medidas de seguridad comunitarias, que favorezcan y garanticen la vida integral de los pueblos como medidas de prevención ante la violencia que genera el crimen organizado; denunciar las situaciones que sufren las familias por desplazamiento y despojos de sus tierras”.
Exigió a los tres niveles de gobierno “cesar la criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos y garantizar el ejercicio de su labor en el estado; que el gobierno respete y reconozca el reglamento interno de las comunidades que favorecen el cuidado de la tierra y territorio”.
