El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó los llamados a la “quema o destrucción” de los libros de texto gratuitos (LTG) y afirmó que el magisterio nacional los defenderá porque “son una herramienta fundamental de justicia social, que fortalecen la gratuidad, la equidad y la obligatoriedad”.

El gremio magisterial, que agrupa a más de 2 millones de trabajadores de la educación y es uno de los sindicatos más grandes de América Latina, aseguró que respeta el derecho y las libertades de todos a hacer política, pero demandó que “ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y la educación públicas en el campo de sus disputas”, por lo que exigió que dejen a la educación “libre de sus violencias”.

Luego de una avalancha de críticas de grupos ultraconservadores y de derecha que exigen que se suspenda la impresión y distribución de los nuevos materiales educativos, al afirmar que no se cumplió con el procedimiento legal para su elaboración, aseguró que los LTG son “un logro histórico, una política pública que debe quedar fuera de disputas partidistas. Este logro ha trascendido y trascenderá coyunturas electorales”.

A pesar de las crecientes críticas, que arreciaron en días pasados, el gremio magisterial que encabeza Alfonso Cepeda Salas emitió su pronunciamiento hasta este viernes, en el que afirma que mantiene su compromiso de defender los nuevos materiales y promover su uso en las escuelas.

Sin embargo, aclaró que defenderlos “como una conquista social no implica tener una posición acrítica sobre su contenido”, tras recordar que los maestros cuentan con experiencia para formular observaciones y propuestas, lo que realizarán “con profesionalismo y sin estridencias”.

En el documento, el gremio seguró que “estamos conscientes, sin embargo, de que el debate crece también porque hay sectores de opinión, grupos políticos y facciones ideológicas que pretenden usar la coyuntura para atacar al gobierno federal y posicionarse con miras a las próximas elecciones”. En este contexto, reiteró que la educación y la escuela públicas “son un patrimonio irrenunciable del pueblo de México”, por lo que deben estar “por encima de las disputas políticas y partidistas”.