En 2006, México intensificó el proceso de guerra contra las drogas y el narcotráfico, en el que se incrementó la violencia en los territorios, cuyos impactos fueron la desaparición de personas; cooptación de personas, principalmente jóvenes, para trabajos ilegales, y el desplazamiento forzado en el país. Esto último ha generado que miles “decidan” abandonar sus hogares para proteger a sus familias e incluso, evitar ser asesinados, desaparecidos o reclutados, ante la impunidad y permisividad con la que actúan los cárteles de drogas en colusión con diferentes instancias de gobierno. Es importante mencionar que el desplazamiento forzado es una de las máximas expresiones de violencia, especialmente hacia poblaciones en situación de vulnerabilidad, cuyas afectaciones van desde lo individual hasta lo colectivo. Por ejemplo, cerca de 60 por ciento de los casos de desplazamiento forzado provienen de comunidades indígenas, en donde abandonar sus territorios implica un etnocidio, ya que se les desarraiga de sus centros ceremoniales, sitios sagrados y espacio de construcción y organización de sus formas propias de vida.
Esto provoca una transformación cultural y pérdida de los conocimientos tradicionales y ancestrales, por lo que es importante visibilizar y exigir la generación de mecanismos para atender dicha situación. A pesar de los impactos de la violencia derivada del desplazamiento forzado, muchas personas desplazadas han transformado su dolor en espíritu de comunidad, solidaridad, apoyo mutuo y compromiso social para atender lo que el gobierno mexicano no ha logrado y prevenir que estas situaciones se repitan para otros. A través de la articulación de periodistas, indígenas y campesinas, mujeres, niñas, niños, trabajadores desplazados, se ha formado el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes, quienes exigen arduamente al Estado mexicano que construya los mecanismos necesarios para atender y detener esta crisis humanitaria.
Frente a la inacción del gobierno y, como contribución al combate de esta crisis humanitaria, este colectivo brinda a las personas desplazadas herramientas en capacidades organizativas, de gestión e incidencia para que puedan fortalecerse como sujetas y sujetos políticos y extender el apoyo a las víctimas de esta situación. Por ende, se han convertido en agentes sociales e involucrado en las decisiones que se han tomado en torno a esta problemática, como el establecimiento de diálogos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y el gobierno federal para que éste cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En ese sentido, en días recientes se reunieron con Paula Gaviria Betancur, relatora especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde dialogaron sobre la falta de voluntad y compromiso político por parte del Estado Mexicano para legislar en dicha materia y promover los mecanismos adecuados para la atención a las víctimas de esta problemática.
Además, se hizo hincapié en la preocupante presencia del crimen organizado en el territorio nacional y el control desmedido sobre la vida pública y privada de las personas. La relatora resaltó la importancia de la existencia del colectivo, así como las acciones realizadas por quienes lo integran, siendo un gran referente para la construcción de mecanismos sostenibles y eficaces para combatir las injusticias. Asimismo, se comprometió a mantener un diálogo constante y permanente con el Colectivo; ayudar a la visibilización del tema; y, en su informe, recomendar al Estado mexicano la priorización y generación de un marco normativo con base en los estándares internacionales en derechos humanos y con una perspectiva interseccional, ya que desde hace años, se encuentra “congelada” en el Senado de la República una ley en dicha materia. Por tanto, es preocupante que el gobierno federal y las instancias competentes estén obstaculizando el acceso a la justicia, seguridad pública con enfoque de derechos humanos y la protección de vidas dignas para las personas, al no dar seguimiento a las acciones legislativas propuestas sobre desplazamiento forzado y continuar permitiendo la agudización de esta crisis humanitaria.
Desde el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes, se ha reconocido que el trabajo colectivo y organizado sostenible a largo aliento es una clave para transformar social y culturalmente la violencia en sociedades dignas, justas y en paz. Por ende, es necesaria la participación social y política de todas las personas y que desde el gobierno mexicano haya voluntad y compromiso político y, sobretodo humanitario, para atender la problemática. Que nunca más las exigencias de las personas desplazadas sean exigencias aisladas.
