Moscú. El opositor Aleksei Navalny, que actualmente purga una condena de nueve años de reclusión por “estafa” y “falta de respeto a un juez”, tendrá que pasar 10 años adicionales en un centro penitenciario de máxima seguridad, según dictaminó ayer el juez Andrei Suvorov al considerarlo culpable de “extremismo”.

Por el principio de consunción, Suvorov, juez de la Corte Urbana de Moscú, a cargo del juicio que se llevó a cabo a puerta cerrada en la misma cárcel donde se encuentra encarcelado el opositor, la IK-6 de la región de Vladimir, decidió que sopesando la gravedad de los delitos que figuran en las dos condenas, Navalny, de 47 años de edad, debe estar entre rejas un total de 19 años.

Como era previsible, el tercer juicio en contra de Navalny concluyó con una nueva condena, no la última, pues pronto tendrá que enfrentarse a otro proceso, esa ocasión por “terrorismo”, el cual supone penas aún más duras.

El juez avaló las conclusiones de la fiscalía en los siete delitos presentados contra Navalny. Tipificados en el Código Penal, el más grave es el de haber creado una “organización extremista”, en alusión al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso), fundado en 2011 y proscrito hace dos años.

El FBK se convirtió en algo más molesto que un piedra en el zapato del Kremlin al exhibir los excesos y el enriquecimiento inexplicable de connotados miembros de la élite gobernante.

También se le acusó de “instar a cometer acciones extremistas”, de participar en “actividades extremistas”, de fundar una organización no gubernamental que afectaba los intereses de los ciudadanos, de “financiar el extremismo”, de exhortar a menores de edad a cometer “acciones peligrosas” (en referencia a asistir a manifestaciones de protesta no autorizadas) y de “rehabilitar el nazismo”.

Detenido poco después de que se acusó a Navalny de “extremismo”, el otro imputado en la misma causa, Daniel Jolodny, director técnico del canal Navalny Live, que se emitía en YouTube, también fue condenado en el mismo juicio: recibió ocho años de reclusión en un centro penitenciario estándar.

Los miembros del equipo de Navalny –considerados por las autoridades rusas “integrantes de una comunidad extremista”– publicaron ayer en la plataforma YouTube el alegato de uno de sus colaboradores más cercanos, Ivan Zhdanov, quien desde el exilio afirma que, en los 400 tomos de la causa penal contra el opositor, nada hay que lo incrimine de haber creado y dirigido una “organización extremista”.

Pero incluso si así hubiera sido, opina, el proceso debería quedar anulado por las constantes llamadas telefónicas al juez, antes y durante el juicio, de acuerdo con el registro de la compañía operadora de los celulares de Suvorov y de Denis Jvorov, funcionario del segundo departamento de defensa del régimen constitucional del FSB (siglas en ruso del Servicio Federal de Seguridad) que, según ellos, intentó envenenar a Navalny hace dos años.

“No sabemos de qué hablaron el juez y el funcionario del FSB, si discutieron los detalles del juicio o el FSB simplemente advirtió al juez que si no toma la decisión correcta algo malo podría sucederle. Por ejemplo, lo que le pasó a la togada que comentó a Navalny que sentía de verdad haber tenido que cambiar la condena condicional por prisión efectiva (en el primer proceso en su contra) y medio año después de dictar sentencia falleció de manera repentina”, señala Zhdanov en su comentario grabado.

Según Zhdanov, se imputa a Navalny “delitos” de cuando ya estaba entre rejas. En otras palabras, sostiene, “se le condenó por dirigir una organización extremista desde la cárcel, estando incomunicado”.

Al determinar que Navalny es un “reincidente muy peligroso”, el letrado decidió que merece pasar a la historia como el primer opositor al Kremlin que esté recluido en una de las prisiones más severas de Rusia, construida para asesinos seriales y violadores condenados a cadena perpetua, entre otros criminales de esa calaña.

Cuando Rusia se adhirió a la suspensión de la pena de muerte, abrió este tipo de centros penitenciarios de máxima seguridad, con tres niveles de restricciones para los internos. El más estricto presupone que el individuo ahí encerrado quede completamente aislado del resto del mundo, sin televisión, radio ni acceso a Internet, en una pequeña celda con un foco encendido las 24 horas y sin contacto alguno con el resto de los condenados; con una hora y media diaria de caminata en un patio interior techado, sin sol, y con derecho a una sola visita por año, conyugal o familiar, a elegir.

Esta es la tercera condena de Navalny. Primero, al no presentarse a firmar cada semana después de haber sido envenenado y pasar tratamiento médico en Berlín en 2020, un juez suspendió la condena a libertad condicional durante dos años y medio por el llamado caso Ives Rocher (por haber aconsejado a su hermano cobrar más de la cuenta por el transporte de los productos de esta compañía francesa) y lo envió a la cárcel y, en junio de 2022, entró en vigor la actual condena de nueve años de reclusión por “estafa” y “falta de respeto a un juez”.

Los miembros de su equipo están convencidos de que Navalny no podrá salir de la cárcel mientras el presidente Vladimir Putin, su némesis, esté en el Kremlin.