San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de Naciones Unidas “por la existencia de un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos de pueblos originarios”.

El organismo explicó en un comunicado que la denuncia se refiere a dos casos concretos: el de Manuel Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el de cinco indígenas tseltales de Cancuc, defensores de derechos humanos, “sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas”.

Respecto a Gómez, dijo que continúa “privado arbitrariamente de la libertad desde diciembre de 2020. Fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada y después procesado penalmente”.

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En conferencia de prensa ofrecida ayer en Tuxtla Gutiérrez, a la que asistieron el vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, y familiares de los detenidos de Cancuc, el Frayba presentó su boletín, en el cual agregó que, de acuerdo con una investigación de la junta de buen gobierno El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios, “se criminalizó su adherencia zapatista”.

Sostuvo que “a más de dos años y medio de su detención (Manuel Gómez) es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, manifestó que el segundo caso presentado ante el GTDA se relaciona con la aprehensión de Manuel Sántiz, Agustín Pérez, Juan Velasco, Martín Pérez y Agustín Pérez, “a quienes se les inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de posesión de drogas en otro municipio”.

Señaló que “los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio (en agravio de un policía municipal de Cancuc) que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue enviar un mensaje a la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio ni lo defiendan de la militarización”.