Abogados y víctimas de trata de personas plantearon a la Cámara de Diputados tipificar nuevas formas de este delito, que van desde reclutamiento forzado por parte del narco, a “fábricas” donde se obliga a mujeres a tener bebés, que después son vendidos.

Durante el foro para la prevención y combate a la trata de personas, convocado por Morena en la Cámara de Diputados, la legisladora por ese partido Olimpia Girón alertó sobre las nuevas formas de esclavizar a hombres, mujeres, niños y adultos.

Incluso recomendó “darle parte a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque hay que seguir el dinero, es un negocio productivo de 15 mil millones de dólares, que alcanza para repartir y corromper nuestras instituciones. Es una de las ‘empresas’ económicamente más productivas”.

María Teresa Paredes Hernández, coordinadora de la Comisión de Igualdad y Género de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, explicó que la trata de personas no solo es con fines de explotación sexual.

“Vienen también los trabajos forzados, incluidos domésticos, hay casos de niños extraídos de sus comunidades para trabajar en casas, haciendo jardinería, limpieza y ya nunca les pagan y los desaparecen, o que son sometidos a mendicidad. Los migrantes también son capturados y llevados a campos, a empresas de ganadería y sus casos se invisibilizan, se diluyen”, expuso.

Al referirse al reclutamiento forzado por el crimen organizado, expuso que las víctimas que han logrado escapar no quieren hablar de las formas de sometimiento que se les aplican, incluso ejecuciones, que son “ejemplares para que no actúen” ni denuncien.

“El problema es que a la delincuencia organizada la trata de personas le reditúa más que las drogas; es un delito que a nivel internacional compite con la venta y tráfico de armas, por las ganancias tan cuantiosas”, abundó.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, dijo que ese organismo ha documentado omisiones en la detección del delito y la integración de las carpetas de investigación, así como falta de protección a las víctimas.

Expuso que, entre los casos más significativos, la comisión emitió la recomendación 209/2022, para solicitar la reparación integral a las víctimas por los daños causados a más de 30 jornaleros agrícolas, en su mayoría indígenas nahuas de Hidalgo y Veracruz, explotados en campos de San Luis Potosí.