Santiago de Chile. La derecha salió a rechazar el Pacto Fiscal propuesto por el presidente Gabriel Boric para recaudar 8 mil millones de dólares destinados a gasto social, mezclando argumentos que cuestionan la calidad técnica del proyecto y que condicionan cualquier negociación a la destitución del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su supuesta responsabilidad política en casos de corrupción.

Boric lanzó su plan anteayer, cinco meses después de que fracasara un intento previo que elevaba el impuesto a la renta, creaba un impuesto a la riqueza y a las utilidades no distribuidas por las empresas, todo a lo cual ahora ha desistido por el firme rechazo derechista a mayores tributos.

“Para que exista un pacto fiscal tiene que haber acuerdo y no una imposición unilateral de otra reforma tributaria con otro nombre. Además, el gobierno no se hace cargo de los hechos de corrupción más graves de las últimas décadas en Chile”, dijo el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senador Javier Macaya.

"Desde la oposición hemos señalado que mientras no haya responsabilidades políticas no habrá pacto fiscal”, agregó.

Mientras que el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, cuestionó que "¿cómo le vamos a dar más recursos al Estado si no hay trazabilidad del gasto público, no sabemos en qué y cómo se gasta y aun no hay responsables respecto de los recursos entregados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales?”.

Si bien unos cinco funcionarios de rango medio-alto perdieron hasta ahora sus cargos, la derecha persigue con encono la salida de Jackson luego que se descubriera que militantes de Revolución Democrática (RD) -partido del cual forma parte e integrante del Frente Amplio, la coalición que aupó a Boric-, desde 2022 crearon fundaciones que obtuvieron dinero fiscal tras firmar convenios con órganos de gobierno que dirigen militantes de RD.

El caso, denunciado por un medio de prensa regional hace dos meses, detonó cual bomba en la presidencia de Boric y en el FA, una coalición juvenil que escaló a la conducción política del país en poco más de una década con un discurso ácido acerca de la "vieja política" y la "democracia de los acuerdos" -los pactos que durante 30 años desde 1990 ensayaron la centroizquierda y la derecha y que significó apenas retocar el neoliberalismo instaurado por la dictadura de Pinochet-, además de proclamarse como practicantes de una ética superior en los asuntos públicos.

Jackson, en agosto de 2022 y siendo ministro Secretario General de la Presidencia -el negociador entre el Ejecutivo y el Legislativo- afirmó en una reunión virtual que "nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió", afirmación que le costó el cargo al desatar la furia de la dirigencia que condujo la transición a la democracia.

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