Santiago. En desafío a la presencia del ejército en la zona, el grupo insurgente Resistencia Mapuche Malleco (RMM) se adjudicó un ataque armado lanzado ayer en la localidad de Traiguén, 650 kilómetros al sur de Santiago, donde fueron incendiados inmuebles y vehículos particulares, un consultorio de salud, una ambulancia, una iglesia y una escuela, en otra escalada del conflicto armado que ocurre en el sur de Chile entre organizaciones rebeldes indígenas y el Estado chileno.

Un enfermero resultó con quemaduras mientras intentaba apagar las llamas.

Los atacantes dejaron una pancarta reivindicando la operación y exigiendo la reubicación en penales de la Región de la Araucanía de 17 presos mapuches que en mayo protagonizaron un motín en la carcel de Angol, también en el sur, durante el cual retuvieron como rehenes a tres gendarmes carcelarios para reclamar que se les permitiera recibir visitas, acción por la cual el Ministerio Público busca formalizarlos penalmente por el delito de secuestro.

Los 17 presos fueron separados en diferentes centros penitenciarios, aún más al sur del país.

La RMM es uno de al menos cinco grupos insurgentes que reclaman al Estado chileno la devolución del territorio ancestral mapuche –el Wallmapu–, arrebatado mediante la ocupación militar durante la segunda mitad del siglo XIX, para luego ser distribuido a colones blancos, muchos de ellos europeos.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó el hecho de atentado criminal con características “terroristas”.

Pese a que el estado de excepción constitucional y el consiguiente despliegue militar en el Biobío y la Araucanía se prolonga casi sin pausa desde hace 21 meses, la insurgencia mapuche continúa muy activa y desde marzo lanzó una escalada de operativos, principalmente contra la industria forestal, que explota vastas extensiones en esas regiones

La presencia de varios miles de tropas desplegadas junto a blindados, helicópteros, aviones y drones, comenzó en octubre de 2021 bajo el gobierno de Sebastián Piñera y continuó hasta marzo de 2022, cuando el recién asumido mandatario Gabriel Boric decidió no prorrogarla. Pero volvió a aplicarse desde el 16 de mayo de 2022 y continúa hasta el presente.

Según el gobierno, la actividad subversiva se redujo casi a la mitad desde la vigencia de ese estado de excepción.

A finales de junio, el presidente Gabriel Boric concretó con varios meses de retraso la creación de una Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo propósito es “sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

El mandato específico es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuches y proponer mecanismos concretos y diversos de reparación y proponer “una solución de Estado a la demanda de tierras por una vía institucional que cuente con el apoyo de un amplio espectro político, social y empresarial”.