Dice el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, que con el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR) “se reafirma el compromiso (de los tres gobiernos involucrados) para materializar las obligaciones laborales del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, aunque por lo visto en estos días parece que la efectividad, aplicación y resultados –voluntad política incluida– de dicha figura depende del peso específico (político y económico) que tenga la empresa y/o el empresario motivo de la “queja” e “investigación” por violaciones a los derechos de los trabajadores.
El diplomático ejemplificó con el reciente “plan de reparación” (con base en el MLRR) de la empresa Draxton México en sus instalaciones de Irapuato, Guanajuato (esta trasnacional automotriz tiene cinco plantas productivas en nuestro país) consensuado entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Ello, a juicio de Salazar, “ejemplifica nuestra profunda cooperación con las autoridades mexicanas, particularmente, con la Secretaría del Trabajo, con quienes colaboramos en la implementación de los compromisos laborales del T-MEC con la finalidad de que todas las personas trabajadoras puedan vivir sus beneficios; al proteger los derechos laborales, la libertad sindical y la negociación colectiva, fomentamos relaciones legítimas que se traducen en mejores condiciones laborales” ( La Jornada, Arturo Sánchez Jiménez).
Se oye bien, pero, como siempre, no todo lo que brilla es oro, menos si el emisor de las “buenas nuevas” es un político, como en el caso de Ken Salazar, quien todo lo ve color de rosa. Desde la puesta en marcha del MLRR (mediados de 2020), 11 han sido las “quejas” presentadas ante el gobierno mexicano bajo ese mecanismo y de ellas sólo una ha resultado contraria a los derechos de los trabajadores. ¿Cuál? ¡Sorpresa! La relativa a la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas (en huelga desde hace 16 años), concesionada a Grupo México, propiedad del tóxico barón Germán Larrea, quien se niega –y las autoridades lo permiten– a resolver las legítimas demandas de los trabajadores y negociar con su sindicato para reparar el enorme daño causado.
Entonces, en el aire queda lo dicho por el diplomático estadunidense (“el compromiso para materializar las obligaciones laborales del T-MEC… Que todas las personas trabajadoras puedan vivir sus beneficios; al proteger los derechos laborales, la libertad sindical y la negociación colectiva, fomentamos relaciones legítimas…”), porque en el caso de los mineros al gobierno mexicano se le hizo bolas el engrudo: decidió descalificar al citado mecanismo y dar un espaldarazo al barón, sorprendente en un gobierno como el actual.
Ante este panorama, el Sindicato Nacional de Mineros deja en claro que “si el gobierno mexicano mantiene su postura de que el conflicto en la mina San Martín está fuera de la aplicación de las normas del T-MEC y del MLRR, recurrirá a instancias internacionales”. Las secretarías de Economía y del Trabajo, subraya, “no estudiaron de manera congruente la queja laboral contra Grupo México, puesto que las denegaciones a los derechos de los trabajadores de la mina San Martín se siguen realizando a la fecha, por lo que no aplica lo que señalan como principio de retroactividad de la ley que hacen valer; el conflicto podría pasar a manos de la justicia de Canadá: la queja se presentó por el gobierno de Estados Unidos y Canadá, por ello, si el gobierno mexicano continúa con esta postura, vendrá un tercer Estado que resuelva, que será Canadá a través de los panelistas correspondientes; esto sería en un término de dos a tres semanas, va a ser rápida está situación”.
Por su parte, las secretarías del Trabajo y de Economía aseguran que de la “investigación” realizada “se desprende” que “el conflicto se encuentra fuera del ámbito de aplicación del MLRR conforme al principio de irretroactividad de la ley”, pues la huelga estalló en 2007 “y los demás hechos que el Sindicato Minero señala como causas de denegación de derechos sucedieron antes de la entrada en vigor del T-MEC (2020)”. Sin embargo, como bien lo subraya la agrupación obrera, las violaciones no “sucedieron”, sino que “se siguen realizando a la fecha, por lo que no aplica lo que señalan como principio de retroactividad de la ley que hacen valer”.
En fin, sorprendente la respuesta oficial.
Las rebanadas del pastel
¡Cuidado!: pueden contagiarse con el “virus comunista” de los libros de texto gratuitos, y si no, con el de la imbecilidad mediática.
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