A pocos días que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh) contra la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) que elimina la obligación de dotar de un porcentaje del presupuesto anual a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, integrantes del Centro Prodh, de Fundar y familiares de víctimas llamaron a la SCJN a fallar a favor del recurso.

En conferencia de prensa Cesar Contreras, abogado del área de Defensa Integral del Centro Prodh, advirtió que no asignarse año con año un porcentaje a este rubro “el presupuesto para la atención a víctimas queda vulnerable frente a los posibles cambios en las prioridades presupuestales o los futuros cambios de gobierno. Contar con este candado legal que segura un presupuesto mínimo asegurado es indispensable”.

Diego de la Mora, director de Fundar explicó al asignar 0.014 por ciento del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior, se garantizaba la “progresividad” de los recursos para los afectados, y que éstos dedicaran el dinero a cubrir gastos funerarios, médicos, psicológicos, terapéuticos, hospitalarios, traslados, hospedaje y alimentación, entre otros.

Explicó que si este año el presupuesto es de “5.9 billones de pesos” para 2024 a “apoyo y reparación integral del daño se destinarían 834 millones de pesos, esto sería 37.9 por ciento más de lo que asignaría este año (604.5 millones de pesos).”

Contar con la primera fracción del artículo 132 de la LGV, la cual fue eliminada con la reforma de noviembre de 2020, generaba que ese dinero “trasciende la buena voluntad de un gobierno y obligaba a destinar una cierta cantidad de recursos” a ese rubro.

María Herrera, madre que busca cuatro hijos desaparecidos durante la denominada guerra contra el narcotráfico, llamó a que los ministros “se solidaricen con nuestra causa” porque expuso que ser familiar de víctimas de la delincuencia organizada y de la violación a derechos humanos “implica convertirnos en nómadas, este es un recurso ganado con mucho dolor y esfuerzo. Que se mantenga este pequeño apoyo, porque son muchísimas las necesidades que tenemos. Que este mínimo de justicia lo mantengan, lo sigan resguardando y que la decisión ministros sea favorable a nuestras necesidades”.

Contreras hizo hincapié en que los derechos no se tocan y explicaron que la eliminación de la fracción respondió a que se buscaba tener más recursos para atender la emergencia de la pandemia, peor sostuvieron que eso ya está superado, y por lo tanto esa medida ya nos de justifica.

El próximo 9 de agosto la SCJN decidirá sobre el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el que propone concede el amparo al Centro Prodh.