Una investigación de Bishop Accountability y Spes Viva señala a más de 15 obispos, arzobispos y superiores religiosos que han encubierto los abusos sexuales de varios sacerdotes. El pasado 27 de julio, esas asociaciones civiles publicaron una lista de obispos y una religiosa superior marcados por proteger delictuosamente a curas pederastas.

La lista no es una más. Señala el comportamiento de encubrimiento criminal y complicidad delictiva de obispos, tema en que las autoridades deben intervenir.

Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop Accountability, manifestó en conferencia de prensa virtual que “normalmente los nombres de los abusadores y los registros secretos de abuso en la Iglesia se hacen públicos sólo después de presiones externas, como demandas civiles, investigaciones seculares, periodísticas e indagaciones gubernamentales. Pero en México, parece haber muy poco de esto”.

Recalcó que, a pesar de prometer “tolerancia cero” hacia el abuso, los obispos católicos permiten que muchos curas acusados permanezcan en el ministerio. Barrett Doyle dice que la Iglesia mexicana está entre las más opacas del mundo.

El tema tiene más de 20 años. A escala internacional, las continuas denuncias de pederastia clerical han minado severamente la credibilidad de la Iglesia. Las deserciones han sido una constante sangría institucional. La fuga de creyentes se ha convertido en hostilidad hacia la Iglesia. La caída de su imagen años atrás era inconcebible, sospechar siquiera las atrocidades y patología sexuales de sectores de un clero desequilibrado.

El obispo Alfonso Miranda Guardiola, entonces secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, afirmó que la Iglesia católica ha actuado de manera incorrecta al tratar los casos de pederastia y que “los inocentes han vivido persecución”. Miranda Guardiola pidió que ya no haya impunidad y que la Iglesia pida justicia a las víctimas.

La producción académica y los escándalos mediáticos reflejan el tránsito de la Iglesia de la incredulidad a constatar una Iglesia transgresora. Frente a las investigaciones periodísticas y documentación contundente de casos, la Iglesia ha quedado evidenciada de la peor manera. La resistencia y la obstinación clerical se confrontaron a la evidencia, provocan una crisis profunda y extendida a cada rincón de la catolicidad. Hoy, la estructura religiosa pareciera ejercitar la reflexión, no sin resistencias internas; la reunión cumbre convocada por el papa Francisco en 2019 fue un intento fallido. En su discurso se mencionan acciones de prevención. Sin embargo, con terquedad, siguen emergiendo casos dolorosos. Los espacios externos a la Iglesia han contribuido a que se asuma la conducta pederasta como realidad perniciosa. Los medios han obligado a la Iglesia a abrirse al debate para superar la inicial inercia de negación, que sostenía la presunción de inocencia, la buena fama y la posibilidad de intenciones perversas de las víctimas. Todo esto quedó atrás; ante las evidencias, surge el rostro criminal de un sector importante del clero. Arropado, lastimosamente, por su jerarquía. El encubrimiento de un abuso sexual a menores es un delito penal. Quienes dificultan o impiden la administración de justicia, de investigar una violación o identificar a sus autores, son cómplices. Encubrir significa arropar u ocultar al criminal. En sentido penal, el encubrimiento es una conducta dolosa que ayuda a eludir la justicia o a aprovecharse de los efectos del crimen cometido. En la conferencia de prensa de Spes Viva, Sara Oviedo Fierro, integrante de Ending Clergy Abuse, solicitó la intervención del Estado mexicano y del presidente Andrés Manuel López Obrador para poner fin a la impunidad.

La impunidad duele. Las víctimas, sus familias y activistas quedan consternados por los privilegios de clérigos que burlan la ley porque se saben protegidos. Así han muerto sin rendir cuentas a la sociedad personajes perversos como los legionarios Marcial Maciel y Fernando Martínez. Personajes funestos como el padre Nicolás Aguilar que muere en el anonimato, sin que la justicia lo buscara.

El informe y la lista de Spes Viva sobre obispos encubridores no es para que la Iglesia tome conciencia. Es para que el Estado ejerza justicia.

¿Seguimos viviendo bajo el principio del “fuero religioso”? Así pareciera. Salvo honrosas excepciones, las autoridades son tibias, omisas y temerosas a la hora de aplicar la ley al clero. Pareciera que la complicidad no sólo es clerical, sino de los propios funcionarios. Resuenan las sentencias sobre los abusos de Sergio Obeso, cuando era obispo de Xalapa en 2002, al advertirnos que “la ropa sucia se lava en casa”. La Iglesia por encima de la ley, la Iglesia se rige bajo otros códigos.

Como advertí en otros espacios, la Iglesia está en deuda con la sociedad mexicana. ¿Por qué la Iglesia defiende con tanta pasión los derechos humanos de los migrantes, pero permanece sigilosa e indiferente a los derechos de los niños abusados por el clero? ¿Por qué la Iglesia habla de paz y se conmociona de las víctimas de la inseguridad y de la violencia, pero permanece imperturbable ante las víctimas que ella misma ha propiciado?