El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente una reforma que incrementa las sanciones para los delitos cometidos con drones y que alcanzan hasta 60 años de prisión en el caso de aeronaves no tripuladas que activen o detonen armas, municiones y materiales de uso exclusivo del Ejército.

Las sanciones llegan a 60 años si el ataque va dirigido a integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad, o si resulta afectado algún integrante de las mismas.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal expuso que es necesario un nuevo marco jurídico, ya que el uso de drones ha ido en aumento, y si bien se trata de una tecnología que representa un avance significativo, ya que contribuye al control de incendios y de otros desastres naturales, así como al rescate de heridos y patrullaje en zonas fronterizas, es usado también por la delincuencia organizada.

Las bandas criminales, destaca el presidente López Obrador, utilizan esos artefactos aéreos no piloteados para transportar explosivos que son lanzados contras personas, utilizados en enfrentamientos y contra autoridades de distintos órdenes, “así como para el transporte de droga y en el espionaje para obtener información privada de personas, fundamentalmente, del orden público”.

La propuesta reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer agravantes en el uso de drones en “contra de bienes o servicios púbicos y privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas”.

Asimismo, cuando “produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación”.

En este caso, se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, más los agravantes.

La reforma prevé también una sanción de hasta 10 años de prisión a quien a través de aeronaves piloteadas a distancia utilice dispositivos para fotografiar o videograbar a servidores públicos, con el fin de reportar su ubicación.

Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad, por lo que alcanzará 60 años de prisión.

Si el ilícito lo comete una o un servidor público de alguna corporación policiaca, además de las penas señaladas y la destitución del empleo, se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

El presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, dio entrada a la iniciativa y la turnó a la Cámara de Diputados.