La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cuestionó la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos emprendida por los legisladores de oposición bajo el argumento de inconsistencias en el proceso legislativo. Consideró que los senadores fueron quienes impidieron el debate y no pueden ahora beneficiarse de esas acciones.
“Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”, señala.
Para el gobierno federal, si con este recurso promovido por la oposición se declara la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo, implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública
Al reanudar actividades después de su periodo vacacional, la CJEF destaca que en su demanda, los senadores opositores no exponen ninguna razón de fondo que afecte la validez de la reforma, por lo que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe imparcialmente y tome en cuenta las conductas antidemocráticas de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado avaló.
“Es principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe; por ende, si fueron precisamente los senadores actores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada”, subraya la CJEF.
Hay constancia de que los legisladores asumieron el compromiso de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas los días 27 y 28 de abril en la Cámara alta, y “su actuar antidemocrático obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno”.
