La violencia que se vive en Chiapas ha dejado numerosas víctimas, miles de homicidios dolosos, así como despojo y destrucción de territorios para despoblar y ocupar tierras codiciadas para proyectos y megaproyectos de grandes empresas trasnacionales y nacionales. Esto ha causado destrucción de bienes, como quema de cosechas de café, miedo y terror entre la población, sufrimiento, cárcel y criminalización por parte de un sistema judicial “punitivo y corrupto”.

En la continuación del foro “Del horror de la guerra a la resistencia por la vida”, Carlos González, integrante de la comisión de coordinación del Congreso Nacional Indígena, señaló que el origen de esta violencia, que “toma la forma de una guerra”, es “en gran medida el despojo, la ocupación de los territorios, de nuestros pueblos, para imponer un conjunto de políticas y megaproyectos extractivos, fundamentalmente vinculados a la minería, a cuestiones energéticas, de hidrocarburos”.

Dichas políticas y proyectos, agregó, tienen el propósito de “destruir esas resistencias tan vitales y necesarias para la humanidad como la del zapatismo, que se contraponen a toda esta lógica de despojo, de explotación, de guerras crecientes que nos imponen a nivel global, nacional y regional”.

Dolores González Saravia, de Servicios de Asesoría para la Paz, apuntó que la “economía criminal” se sostiene en una estrategia de control territorial, político, económico, social y cultural de las poblaciones, lo que implica confrontaciones violentas en cada uno de estos campos.

Expuso que “las causas de esta situación de violencia extrema son estructurales; vivimos un proceso muy violento de acumulación, quizá el más violento en la historia del capitalismo, y de disciplinamiento social para hacerlo posible, con enorme costo social y humano.

“La economía extractiva que violenta la naturaleza nos lleva hacia una catástrofe ecológica y la economía de la desigualdad promueven una hiperconcentración de la riqueza y un crecimiento exponencial de la pobreza en el mundo”, advirtió.