Irapuato, Gto. El policía del gobierno de Irapuato, Pedro González Delgado fue sentenciado a pasar casi 20 años en prisión por asesinar de un balazo al niño Cristian Giovanni y lesionar a un adolescente.

El crimen se cometió el 31 de mayo de 2021 en la calle Ampliación de Guyana, en la colonia Ampliación Las Américas, cuando la policía atendía el reporte del robo de un tinaco.

“En el lugar una pareja fue señalada de tener en su poder el contenedor de agua, de ahí los intervinientes se movieron a la calle ampliación Managua, donde la señalada intentó subirse a una motocicleta y el ex policía la jaló casi al punto de tirarla del vehículo”, recordó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Agregó que un hombre reclamó al policía y aseguró que la mujer iba por el tinaco para entregarlo.

“En ese momento el imputado apoyado por sus compañeros detuvieron a la pareja y los subieron a la unidad policiaca, mientras un grupo de personas se acercaron a la escena”, relató la dependencia.

Pedro González sacó su arma y disparó contra el grupo de personas, lesionando a Cristian, quien falleció en el hospital. También un adolescente resultó herido.

“Tras ser presentado ante un tribunal de justicia, durante su proceso penal, la Fiscalía de Guanajuato presentó las pruebas que acreditan la responsabilidad de Pedro en el homicidio del menor, por lo que el juez lo condenó a 13 años de cárcel y 6 años con 6 meses más por la tentativa de homicidio del adolescente, lo que suma un total de 19 años con 6 meses tras las rejas”, destacó.

El 10 de agosto de 2021 la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) solicitó al entonces alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, que emitiera una disculpa pública a las familias del infante asesinado y del adolescente lesionado.

El ombudsman Vicente Esqueda Méndez recomendó el iniciar un proceso administrativo contra los policías Pedro González Delgado, Juan Antonio Tafolla Guerra, Miriam Violeta Razo Herrera, Luis Alberto Cervantes Sierra, Fernando Ramírez Frías y Cristina Vanesa Pérez Castañeda.

También pidió pagar compensaciones económicas, cubrir los gastos médicos y funerarios, otorgar atención sicológica y médica a las víctimas indirectas.