El conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, propiedad de Grupo México, está fuera de la aplicación de las normas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que se resolverá en instancias judiciales mexicanas, informaron ayer las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social en torno a la huelga que desde hace 16 años mantienen trabajadores de la mina. El Sindicato Minero rechazó la postura del gobierno mexicano, porque “favorece la versión patronal” y anunció que seguirá recurriendo a paneles internacionales hasta que se haga justicia.
En un comunicado conjunto las secretarías de Economía y del Trabajo señalaron que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) en el marco del T-MEC, interpuesto en días pasados por Estados Unidos ante denuncias de una presunta denegación de derechos en perjuicio de trabajadores de la mina, no procede bajo las normas del acuerdo tripartito.
De esta forma, el gobierno mexicano negó la intervención del gobierno estadunidense en un conflicto originado desde hace más de tres lustros en la mina controlada por Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México.
La huelga estalló a finales de julio de 2007 y después de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023, en la que dejó sin efectos el acuerdo dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores.
El 14 de junio de 2023, la JFCA resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga, dictando un laudo en favor del Sindicato Minero, en el que lo reconoce como titular del contrato colectivo; declarando como responsable de causar la huelga a Grupo México, al que ordenó pagar salarios caídos, prestaciones y dando por terminada la huelga.
El 16 de junio la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó el procedimiento de revisión laboral al gobierno mexicano, en el marco del T-MEC, luego de que en agosto de 2022 el Sindicato Minero solicitó al gobierno estadunidense interponer una queja laboral contra Grupo México, con el fin de agilizar el proceso legal para reconocer la huelga en la mina San Martín.
El yacimiento estuvo cerrado 11 años debido a la huelga, que concluyó en agosto de 2018, una vez que la empresa propiedad de Germán Larrea aseguró que “los trabajadores decidieron renunciar a la representación del sindicato” liderado por Napoleón Gómez Urrutia, y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos.
Este martes, el gobierno mexicano indicó que los resultados de la investigación que realizó sobre la presunta denegación de derechos indican que el conflicto está fuera del ámbito de aplicación del MLRR, conforme al principio de irretroactividad de la ley. Lo anterior, dado que la huelga se inició en 2007 y los demás hechos que el Sindicato Minero señala como causas de denegación de derechos sucedieron antes de la entrada en vigor del T-MEC (2020).
“El gobierno de México concluye que el conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, está próximo a una resolución final en instancias judiciales mexicanas al encontrarse fuera del ámbito de aplicación al MLRR del T-MEC, y reitera su compromiso de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras mexicanas conforme a las leyes y autoridades nacionales.”
Rechazo sindical
El Sindicato Minero aseguró que la postura del gobierno “favorece y privilegia la versión patronal de Grupo México. Es imposible que se diga que esta empresa no comercializa sus productos en Estados Unidos”, ya que sus informes financieros lo demuestran, dijo el gremio en un comunicado.
Agregó que es “lamentable y penoso” que el gobierno no haya estudiado de manera congruente la queja y anunció que seguirá recurriendo a paneles internacionales hasta que se haga justicia.
Recordó que van más de 16 años “resistiendo por los abusos, los caprichos y la ambición de un empresario arrogante, lo que hace insostenible que se continúen con estas violaciones a derechos humanos”.
De la queja se desprende que la denegación de derechos es en parte por un convenio celebrado de manera ilegal entre la empresa y una supuesta coalición de trabajadores, en pleno estado de huelga, del 9 de febrero de 2021, lo que fue materia de un amparo que está en revisión, agregó el sindicato.
Se ha buscado por conducto de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados, “la reivindicación de los derechos humanos de los mineros de la sección 201 de Sombrerete, Zacatecas, y demás secciones”.
Agregó que la huelga sigue y espera que el Estado mexicano reconsidere su respuesta a la luz de las pruebas aportadas y estudie a conciencia la queja interpuesta.
“En ningún otro país se han visto huelgas tan prolongadas, sin que se ponga un alto a la impunidad con que Larrea actúa”, expresó a La Jornada el líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia (https://bit.ly/3QmP9kH).
