Parece una réplica de acciones típicas de tiempos supuestamente superados: el gobierno mexicano decidió proteger los intereses de uno de los integrantes de la “minoría ra-paz” que tanto daño ha hecho a nuestro país y a sus habitantes. ¡Increíble!... pero cierto. Así, el tóxico Germán Larrea puede mantenerse sereno –si es que en algún momento perdió la tranquilidad–y regodearse de que a él, ni con el pétalo de una rosa.

En comunicado conjunto, las secretarías del Trabajo y de Economía batearon de home run al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, mediante el cual el gobierno estadunidense solicitó al mexicano (16 de junio de 2023) investigar las “presuntas” violaciones a los derechos de huelga, libre asociación y negociación colectiva de los trabajadoras en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas (concesionada a Grupo México), en huelga desde el 30 de julio de 2007.

Y esas dependencias del Ejecutivo toma-ron esa decisión, porque, dicen, el “conflicto se encuentra fuera del ámbito de aplicación” del citado mecanismo y “se resolverá en instancias judiciales mexicanas”; es decir, en las mismas que a lo largo de los 16 años de las tres huelgas (Sombrerete, Cananea y Taxco) han hecho lo propio: batear de manera permanente todos los reclamos mineros para mantener intocado al barón.

No es casual, que después de recurrir a todas las “instancias judiciales mexicanas” (las mismas que, según Trabajo y Economía “resolverán” el problema), el sindicato nacional de mineros se viera en la necesidad de recurrir al citado mecanismo con miras a solucionar el conflicto laboral que la “justicia” mexicana se niega a resolver, so pena de incomodar a Germán Larrea, en particular, y a los barones, en general. En su respuesta, el gobierno mexicano asegura que “de los resultados de la investigación se desprende que el conflicto se encuentra fuera del ámbito de aplicación del MLRR con base en el principio de irretroactividad de la ley.

Lo anterior, dado que el conflicto de huelga comenzó en 2007 y los demás hechos que el sindicato minero señala como causas de denegación de derechos sucedieron antes de la entrada en vigor del T-MEC (2020); especialmente el levantamiento de la huelga que acordó la JFCA con base en el convenio firma-do entre Grupo México y una coalición de trabajadores (espuria, desde luego), el 23 de agosto de 2018”. Además, “no hay evidencia de que dicha mina exporte mercancías a Estados Unidos”.

Ante tales aseveraciones, el sindicato nacional de mineros subrayó: “es indignante y vergonzosa la debilidad y el entreguismo de las autoridades mexicanas ante un empresario corrupto como Larrea. Lamentable y penoso que no hayan estudiado en forma congruente la queja interpuesta, pues las denegaciones a los derechos de los mineros son de momento a momento y de tracto sucesivo, es decir, siguen a la fecha, por lo que no aplica lo que señalan como principio de irretroactividad de la ley que hacen valer”.

La decisión de las secretarías del Trabajo y de Economía, dice la agrupación obrera, “favorece y privilegia la versión patronal de Grupo México. Imposible que se diga que esta empresa no comercializa sus productos con Estados Unidos; sus propios informes financieros muestran lo contrario: confirman que sí se está dentro de un sector prioritario y sí exporta a ese país”.

El Sindicato Nacional minero “ha buscado a través de los tribunales mexicanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados) la reivindicación de los derechos humanos de los trabajadores ante empresarios corruptos como Larrea. A través del MLRR es que se han podido empezar a ejecutar y garantizar los derechos de los trabajadores.

La huelga sigue, pero se deben desalojar a los rompehuelgas y terceros, los cuales ilegalmente permanecen en la mina. Nuestra organización espera que el Estado Mexicano reconsidere su respuesta a la luz de las pruebas aportadas y estudie a conciencia la queja interpuesta, de lo contrario seguiremos recurriendo a paneles internacionales correspondientes para que se haga justicia por el bien de los mineros, de sus familias y de todo el país.

Entonces, queda claro: #LOSBARONESNOSETOCAN, con o sin 4-T.

Las rebanadas del pastel

Al grito de “Viva Cristo Rey”, “muera el artículo tercero constitucional” y “viva la ignorancia”, la Unión Nacional de Padres de Familia exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer uno de sus amparos para evitar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos. Vergüenza debería darle.

Twitter: @cafevega