Ciudad de México. El Sindicato Minero consideró “lamentable y penoso” que el gobierno mexicano “no haya estudiado de manera congruente” la queja interpuesta sobre la Mina San Martín, de Grupo México, ya que la denegación a los derechos de los mineros se siguen dando hasta ahora, por lo que no aplica el principio de irretroactividad del T-MEC a que alude.

“La respuesta es indignante y representa una ofensa”, señaló en un comunicado y anunció que “seguiremos recurriendo a paneles internacionales correspondientes para que se haga justicia por el bien de los mineros, de sus familias y de todo el país”.

Agregó que la huelga “lleva más de 16 años resistiendo por los abusos, los caprichos y la ambición de un empresario arrogante, lo que hace insostenible que se continúen con estás violaciones a derechos humanos”.

Advirtió que el comunicado de las secretarías del Trabajo y Economía “favorece y privilegia la versión patronal de Grupo México. Es imposible que se diga que esta empresa no comercializa sus productos con Estados Unidos”, ya que sus informes financieros lo demuestran, por lo que sí se encuentra dentro de un sector prioritario y sí exporta a Estados Unidos.

Agregó que de la queja se desprende que la denegación de derechos, es en parte por un convenio celebrado de manera ilegal entre la empresa y una supuesta coalición de trabajadores, en pleno estado de huelga, de fecha 9 de febrero de 2021, lo que se acreditó plenamente e incluso fue materia del amparo en revisión RT 78/2019 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.

Se ha buscado a través de los Tribunales Mexicanos, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados, “la reivindicación de los derechos humanos de los mineros de la sección 201 de Sombrerete, Zacatecas y demás secciones víctimas de los abusos, la negligencia y violaciones a derechos de empresarios corruptos como Germán Feliciano Larrea Mota Velasco”, señaló.

Añadió que la huelga sigue, “pero se deben desalojar a los rompehuelgas y terceros, los cuales ilegalmente permanecen en la mina. Nuestra organización espera que el Estado mexicano reconsidere su respuesta a la luz de las pruebas aportadas, las cuales están a su disposición, y estudie a conciencia la queja interpuesta”.