Juan Salgado Guzmán, también conocido como El Indio o El Caderas, era un eslabón clave para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa. Era tío de Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, fundador del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, aunque estaba sometido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), estos lo ejecutaron extrajudicialmente el 22 de septiembre de 2021, en el municipio de Metepec, estado de México.

La lista de testigos claves o de criminales que participaron en la noche de Iguala y poseían información sobresaliente y que fueron asesinados es enorme: más de 20. Al eliminarlos, se esfuman testimonios esenciales, se borran las pruebas y desaparecen las bisagras que sirvieron de enlace entre quienes ordenaron el crimen y los que lo perpetraron.

En la presentación del informe preliminar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), el subsecretario Alejandro Encinas reconoció la magnitud y gravedad de la “poda” humana en este caso. “Lamentablemente, en este proceso –dijo– han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. Esas personas fueron integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo Gente Nueva, siete testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios, policías y, dentro de ellos, gente que venía proporcionando información significativa.”

La dimensión de esta operación de “limpieza” es indicador de la naturaleza de los intereses en juego para tratar de evitar que se conozca lo sucedido en el crimen de Estado del 26 y 27 de septiembre de 2014. La lucha entre quienes buscan que la verdad aflore y quienes pretenden que la mentira triunfe es incesante. Así ha sido desde el principio. Es un combate en que no hay tregua, se libra en los más diversos planos: los informes de organismos de derechos humanos, los discursos y la acción de los aparatos del Estado, la labor de los periodistas, el batallar de los padres de familia de los muchachos desaparecidos.

La radiografía más precisa de lo acontecido en la noche de Iguala es la elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su sexto y último informe. El trabajo es una documentada bitácora de la impunidad en México, que parece tener como eje central el celebre relato de Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, en el que el viejo marinero Marlow, en su travesía por el Congo colonizado por los belgas, exclama: “Odio, aborrezco y no soporto la mentira [...]. En las mentiras hay manchas de muerte, un aroma de mortalidad”.

En el sexto reporte se analiza con extraordinario rigor toda la información del caso a la que el GIEI accedió. Se contrastan las declaraciones que los presuntos responsables, la delincuencia organizada, los agentes de inteligencia, soldados, marinos y las diferentes policías dieron sobre los hechos, con los datos de telefonía. Así, más allá de lo que ellos dicen, puede verse dónde se encontraban realmente y con quién se comunicaron.

La conclusión es demoledora. Se comprueba que, en diferente manera y medida, agentes de todas las instituciones del Estado estuvieron implicados en el crimen de lesa humanidad. Y, se verifica que, frecuentemente, sus versiones son falsas. Por ejemplo, el comandante del 27 Batallón con base en Iguala dijo que no había salido del cuartel cuando se produjeron los ataques contra los normalistas. Sin embargo, el análisis de telefonía muestra que, en ese mismo momento, su teléfono estaba en movimiento en el centro de la ciudad.

El sexto informe del GIEI no es una opinión más. Es una investigación en que se presentan las pruebas de lo que se afirma. Sus autores no dan su punto de vista. Proporcionan los hallazgos a los que su pesquisa llegó, contrastando las versiones que se han contado sobre lo sucedido con hechos verificables.

Al comienzo de este sexenio, para realizar su labor de coadyuvancia con el caso, el GIEI pidió al presidente López Obrador la apertura de los archivos militares, de la Marina y el Cisen. Pensaban que allí había información muy importante para buscar a los desaparecidos. Así fue. En un primer momento, tuvieron una apertura parcial. La documentación encontrada allí resultó crucial.

Sin embargo, hace más de un año, la situación cambió. Solicitó la apertura de nuevos archivos de las fuerzas armadas. Los expedientes a los que tuvo acceso previamente mostraban que había mucha más información pertinente sobre el caso, que se le había ocultado. Ejército, Marina y Cisen respondieron que no había más información que dar, que lo que pedían no existía, y que ellos no realizaban el tipo de trabajos y de transcripciones requeridos.

El GIEI consideró que la respuesta castrense no correspondía a la verdad. Que lo que se quería era rebajar la investigación, desviarla. Los expertos buscaban que la verdad pasara al terreno de la justicia verdadera, no a cuentagotas. Y, sin que se abran los expedientes que siguen ocultos, no puede seguir adelante con la investigación. Por eso decidió, en el marco de la terminación de su convenio a fines de julio, retirarse del país y presentar su informe.

Su salida no significa que el caso se cierre. El caso no se puede cerrar. Faltan cosas por saber. El GIEI esclareció muchos aspectos muy importantes, pero faltan puntos claves, sobre todo en lo sucedido en ciertas horas de la noche. Y, por supuesto: ¿qué pasó con los jóvenes después de que los detuvieron? ¿Adónde los llevaron?

Ayotzinapa, hay que recordarlo, es una herida abierta. Para que pueda cicatrizar, la investigación necesita seguir adelante. Más temprano que tarde, la fuerza de la verdad se abrirá paso sobre la simulación y la mentira.

Twitter: @lhan55