El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa difundió ayer un mensaje de despedida. Sostuvo que su retiro del país no implica el cierre de las investigaciones para conocer el paradero de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. “El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar y hacer justicia”.

El documento firmado por Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago Ruiz destacó que, a pesar de los obstáculos y los pendientes, las indagatorias llegaron lejos y se logró la detención de más de 100 personas, incluidos el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, dos generales y 20 miembros del Ejército, así como integrantes del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios de Estado.

Aunque varios involucrados fueron acusados de delincuencia organizada y no por la desaparición de los estudiantes en Iguala en 2014, el GIEI refirió que las aprehensiones deben conducir a nuevos datos para esclarecer el caso y el paradero de los normalistas.

En la misiva, los expertos señalan que su trabajo se mantuvo al margen de valoraciones políticas u opiniones personales. Tampoco permitieron que las discusiones políticas en México condicionaran su autonomía e independencia. Por el contrario, con su labor, el GIEI generó confianza en la investigación y en las instituciones.

Reconoció el “enorme coraje” de las familias, cuyo amor por sus hijos contribuyó en los logros de las pesquisas y en la concientización en México y en el mundo por los derechos humanos y los desaparecidos.

Hacen un recuento de las actividades del GIEI desde su llegada al país en marzo de 2015, los primeros 14 meses de trabajo y luego su regreso en 2020 a invitación del gobierno federal y de los padres de los estudiantes. El segundo periodo de trabajo culminó ayer.

Los miembros del grupo independiente de asesoría técnica resaltaron los desafíos que enfrentaron, a pesar de la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se investigara a fondo, la creación de instancias especializadas y la apertura de archivos del Ejército, la Marina y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“Se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación judicial. Se buscaron más pruebas y se obtuvieron elementos nuevos conseguidos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo testigos que no habían sido escuchados.”

Además, hicieron análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada. Quedó en evidencia, advirtió el GIEI, que “actuaron de forma coordinada, como una red criminal, la noche del 26 de septiembre de 2014 y en los días posteriores”.

No obstante, indicó, la documentación entregada fue parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores. Subrayaron que en los materiales no conocidos “hay datos sobre detención y traslado de normalistas. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar”, subrayó.