Washington. El juez que preside la investigación de un gran jurado en Georgia sobre Donald Trump rechazó ayer el intento del ex presidente estadunidense de apartar a la fiscal que dirige la pesquisa y bloquear cualquier acusación derivada del proceso.

El magistrado del Tribunal Superior del condado de Fulton, Robert McBurney, también denegó la petición de Trump de anular el informe de un gran jurado especial con recomendaciones sobre a quién acusar en relación con una campaña para anular los resultados de las elecciones de Georgia en 2020, cuando el demócrata Joe Biden ganó el estado por estrecho margen.

El informe ha permanecido sellado, a la espera de que se presenten cargos en el caso.

El fallo se dicta días antes de posibles acusaciones. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, ha dicho que tiene la intención de pedir a un gran jurado que apruebe cargos en algún momento en las próximas tres semanas, al señalar a los jueces que su personal trabajará sobre todo a distancia como medida de seguridad.

La semana pasada se colocaron barreras de seguridad en el exterior del tribunal del condado.

Willis investiga el intento de Trump de revertir el resultado de las elecciones de 2020 desde enero de 2021, después de que Trump fue grabado en una llamada telefónica en la que pidió al principal funcionario electoral del estado “encontrar” suficientes votos para anular la victoria de Biden.

Trump niega cualquier delito y acusó a Willis de motivación política. Un portavoz y su equipo legal con sede en Georgia no respondieron a las solicitudes de comentarios, indicó Reuters.

Por lo pronto, el magnate comentó que espera ser acusado “en cualquer momento”, como parte de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el intento de golpe de Estado cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Smith investiga los esfuerzos de Trump para permanecer en el cargo tras su derrota electoral. Los fiscales federales han reunido evidencia para acusar al ex mandatario de tres delitos: obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos y un estatuto que hace que sea ilegal conspirar para violar los derechos civiles, informó el diario The Guardian.

Al victimizarse una vez más, el magnate afirmó en la red social Truth Socia: “supongo que en cualquier momento saldrá a la luz una acusación del desquiciado Jack Smith y su banda altamente partidista de matones, relacionada con mi discurso ‘pacífico y patriótico’, como otro intento de encubrir todas las malas noticias sobre sobornos y extorsión viniendo del ‘campamento’ de Biden. Esta parece ser la forma en que lo hacen. Interferencia electoral. Falta de conducta fiscal”.

En este contexto, Carlos de Oliveira, administrador de la mansión de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, compareció ante un tribunal federal de Miami por las acusaciones de que intentó ayudar al ex mandatario a ocultar documentos secretos.

De Oliveira no se declaró culpable, ya que aún tiene que buscar un abogado local.

El juez Edwin Torres fijó su comparecencia para el 10 de agosto y ordenó a De Oliveira no hablar del caso con otros acusados. Quedó en libertad bajo fianza de 100 mil dólares.

De Oliveira está acusado de intentar borrar grabaciones de cámaras de seguridad y de mentir a los investigadores. Se le imputan cuatro cargos, entre ellos obstrucción a la justicia.

Trump fue inculpado en junio pasado de 31 cargos de “retención de información de defensa nacional” por esconder, presuntamente, documentos clasificados en su residencia y negarse a devolverlos a los Archivos Nacionales, poniendo en peligro la seguridad nacional.

El comienzo del juicio por este caso está fijado para mayo de 2024, en plena campaña presidencial en Estados Unidos, con Trump como favorito para liderar a los republicanos.

También fue inculpado el ayudante del ex presidente, Walt Nauta.

El jueves pasado se hizo pública una nueva acusación contra Trump y Nauta, además de De Oliveira, lo que indica que el caso se amplía en un momento en que se avecinan cargos en una investigación separada sobre los esfuerzos del ex jefe de la Casa Blanca para anular su derrota en las elecciones de 2020.

La acusación asegura que Trump, Nauta y Oliveira pidieron a otro empleado del magnate que borrara los videos de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago para evitar que la FBI y la justicia accedieran a ellos.

De Oliveira le dijo supuestamente a ese tercer empleado de Trump que “el jefe” quería que se borrara el servidor con los registros de las cámaras de seguridad de un almacén.

Trump y Nauta se declararon no culpables de los delitos imputados en sus audiencias respectivas.

El magnate también enfrenta varios cargos en un caso de fraude en Nueva York, relacionado con pagos a la estrella porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una infidelidad.