Madrid. Una investigación de la Policía Militar brasileña concluyó que las fuerzas castrenses no tuvieron responsabilidad en el asalto golpista protagonizado por seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia del 8 de enero de 2022, y en cambio apuntó a “indicios de responsabilidad” de la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial.

Según esta pesquisa, si hubiera habido una planificación “adecuada” del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se habrían podido evitar la invasión y los daños al Palacio de Planalto, sede de la presidencia, según el documento obtenido por el diario Folha de Sao Paulo.

El texto no menciona nombres, sino instituciones, pero en ese momento la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial era dirigida por el general Carlos Feitosa Rodrigues, cargo heredado de la gestión de Bolsonaro. Lula mantuvo a Feitosa en el cargo, pero en abril del año pasado solicitó su dimisión tras la divulgación de imágenes que cuestionaban su actuación durante el asalto golpista.

En el caso del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), también dependiente del gobierno, “resulta evidente” que “el planteamiento, acción y desempeño” de los militares “en lo relativo a las acciones vinculadas a la integridad física del Palacio del Planalto y sus inmediaciones” depende de la secretaría.

Era competencia de este organismo “activar” a la tropa de choque del ejército, así como “buscar informaciones indispensables para la planificación de acciones preventivas” junto con la Agencia Brasileña de Inteligencia y los órganos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, algo que, sostiene la investigación, no se hizo.

El 6 de enero el GSI informó de una situación de “normalidad” para el fin de semana, a pesar de que el máximo responsable del organismo había recibido hasta 11 alertas por WhatsApp desde el 6 de enero hasta que empezó el asalto.

Debido a esta falta de planificación, las fuerzas desplegadas no tenían medios para responder a los ataques. Por eso “no se han encontrado indicios de delito militar o delito común de las tropas”.

En otro orden, el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, consideró positiva la operación policial que durante el fin de semana dejó al menos ocho muertos en la ciudad de Guarujá.

La Policía Militar de Sao Paulo mató a ocho personas horas después de que un agente fue baleado a más de 60 metros en una favela de Guarujá, presuntamente por un hombre que actuaba como tirador de élite para el narcotráfico.

El gobernador aseguró que los sospechosos que decidieron entregarse fueron encarcelados y que la policía quiere evitar los enfrentamientos a toda costa, pero si ocurren, está lista para actuar.