Familiares de las cinco víctimas del multihomicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte hace ocho años denunciaron a Luis Javier García Saldaña, agente del Ministerio Público auxiliar A de estar relacionado con los hechos, así como a su hijo Alejandro, quien no ha sido investigado.

En conferencia de prensa advirtieron que no existen condiciones para mantener reuniones con la Fiscalía General de Justicia capitalina en tanto “no se investigue de manera real y formal a esta persona y su hijo, ya que de continuar sería una simulación”.

García Saldaña, quien labora en la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, era suegro en 2015 de César Omar Martínez Zendejas, sentenciado por el feminicidio de Mile Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Nadia Vera, el homicidio de Rubén Espinosa y otros delitos.

Además, es padre de Alejandro, señalado de haber participado en los hechos ocurridos en un departamento de la calle Luz Saviñón 1909 el 31 de julio de ese año, pues su número de celular con terminación 7078 fue ubicado en el lugar.

De acuerdo con el informe técnico de la perito Aidée Yuridia Cruz de la Rosa, “estuvo presente en la zona de las 14:29 horas hasta pasadas las 15:11 horas, tiempo en el que se dieron los asesinatos de la Narvarte”, señalaron los familiares.

Sin embargo, denunciaron, “se le dejó fuera del proceso judicial sin explicación alguna”, pero por medio de georreferencias de su sábana de llamadas se pudo conocer que ahí se encontraba a las 21:32 horas, cuando la policía realizaba el reconocimiento del lugar.

Acompañados del cineasta Alberto Arnaut y el abogado David Peña, señalaron que esta información se entregó a la fiscal Ernestina Godoy el año pasado, pero “la investigación sigue igual y se desconoce cuál fue el móvil”.

Hoy, dijeron, hay tres personas acusadas por los hechos: César Omar Martínez, Abraham Torres Tranquilino y Daniel Pacheco, pero se demostró que había otras dos personas, de acuerdo con los videos, y unas más que estarían relacionadas; por ello, exigieron que se agilicen las investigaciones.

Por la noche, la vocería de la FGJ informó que dicho servidor público no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del caso, como tampoco ningún familiar.

La fiscalía, dijo, “no encubre a ningún servidor público que labore o haya laborado en la institución”, aunque “no debe entenderse de ninguna manera como dar por cerrado el caso”.

Ante ello, la Fiscalía de Delitos de Trata de Personas abrió una carpeta de investigación y se tiene en curso otra en la Fiscalía de Servidores Públicos por los diversos actos y omisiones en que incurrieron funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia.

Se ha reconocido además como víctimas indirectas a los familiares de las personas a las que se les privó de la vida; se les brindaron medidas de compensación y rehabilitación, y han tenido acceso completo a la investigación, afirmó.