Ciudad de México. La legislación electoral local padece de un vacío que permite a funcionarios públicos, como alcaldes, realizar actos de promoción personalizada con recursos del erario a lo largo de su mandato y suspenderlos únicamente en temporada de comicios, señalaron consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y representantes de partidos políticos.

En la sesión del Consejo General fue expuesta una queja contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien presuntamente gastó más de 400 mil pesos de recursos públicos en la impresión de 120 mil revistas para promover los resultados de su gobierno, además de que en cuatro ediciones la funcionaria apareció en la portada. La publicación fue difundida en las cuentas oficiales de las redes sociales de la alcaldía y de Cuevas.

Si bien los consejeros electorales dieron vista a la Contraloría General, la queja por promoción personalizada fue desechada en el IECM con el argumento de que no hay un proceso electoral en curso.

El consejero electoral Ernesto Ramos Mega dijo que la acción de la alcaldía podría constituir una violación al artículo 134 constitucional, que establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá ser institucional; no obstante, existen jurisprudencias electorales que amparan estos actos, las cuales consideró como anacrónicas, pues permiten que cualquier funcionario público utilice recursos oficiales para promover su imagen, nombre y símbolos durante todos los años que está en el cargo.

La consejera electoral Erika Estrada dijo que no existe ninguna regulación al respecto ni certeza sobre los alcances de estos casos, por lo que hay una deuda histórica al respecto del Poder Legislativo.

El representante del partido Morena ante el IECM, Eduardo Santillán, exhortó al Congreso de la Ciudad de México a resolver estos asuntos, los cuales, opinó, deberían ser considerados falta grave que impliquen destitución o inhabilitación del cargo, pues vulneran el ejercicio del servicio público, generan desigualdad en la contienda y hasta una posible desviación de recursos del erario.

“Exhortamos a los consejeros a que no se guarden las tarjetas amarillas porque se está generando un ambiente en el que los contendientes ven que hay un criterio laxo del árbitro. Hago un exhorto para que el instituto tenga criterios que salvaguarden el proceso electoral, porque en un tema relevante como éste se desaprovecha una oportunidad de establecer criterios para mantener la contienda electoral”.