La aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú, un pacto latinoamericano de protección ecológica, requiere armonizar y modificar 21 leyes y la Constitución, así como mejorar la capacidad institucional, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la integridad de los defensores del medio ambiente, señala el experto José Franciso Ibarra.

El pacto, firmado en la ciudad costarricense de Escazú en 2018, entró en vigor en México en 2021.

En la actualidad hay disposiciones en las legislaciones ambiental y de transparencia del país vinculantes, indica el reporte Acuerdo de Escazú desde la perspectiva legislativa, elaborado por Ibarra, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

El acuerdo establece estándares y principios para la protección y promoción de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe y es clave para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, dice el estudio.

Prevé, por ejemplo, la obligatoria participación ciudadana en todas las etapas de la toma de decisiones ambientales, por lo que es necesario que todas las leyes y políticas del sector en el país cuenten con mecanismos efectivos para garantizarlo.

Sin embargo, la aplicación efectiva de estos derechos se enfrenta a desafíos como la falta de transparencia en la información ambiental, la exclusión de grupos en la participación ciudadana y la falta de recursos para garantizar la justicia ambiental, indica el análisis.

Para su cumplimiento efectivo en México hay retos como la falta de recursos, ya que para la puesta en marcha de medidas ambientales y la promoción ciudadana se requieren importantes inversiones, lo cual incluye la creación y fortalecimiento de instituciones y la capacitación de personal, agrega.

El estudio cita la falta de capacidad institucional para la gestión ambiental, transparencia y participación ciudadana, en términos de recursos técnicos y humanos.

Refiere que se deben modificar prácticas y políticas e incluir medidas más estrictas de protección ambiental, participación ciudadana y acceso a la información, a las cuales actores como la industria, empresas o grupos políticos podrían oponerse al “percibir que limitan su margen de acción o afectan sus intereses económicos”.

Sobre la seguridad de los defensores ambientales, considera que se debe promover una cultura de conocimiento hacia la labor de estas personas.